Este lunes 4, como jefe del Ejecutivo del estado, el gobernador Cuitláhuac García tuvo que realizar el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública del gobierno de Veracruz por la desaparición de cinco jóvenes que el 11 de enero de 2016 fueron detenidos arbitrariamente en Tierra Blanca por elementos de la Policía Estatal, los cuales los entregaron a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los torturaron, ejecutaron y desaparecieron.

Los hechos, pues, no eran responsabilidad directa de la administración del morenista sino de la del exgobernador Javier Duarte (2010-2016). Pero tampoco este acto de disculpa pública le correspondía hacerla a él, sino a su antecesor, al panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien desde el 19 de julio de 2017 recibió del ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez la Recomendación número 5VG/2017 sobre esta investigación de violaciones graves a los derechos humanos de los jóvenes terrablanquenses.

Sin embargo, Yunes incumplió con la recomendación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien al aludir a la “satisfacción” en la “reparación integral del daño” puntualizaba que se debían incluir, entre otras medidas, “una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima”, así como “una disculpa pública”.

Es más, ni siquiera debía hacerla el gobernador, sino que el titular de la CNDH instruía que “en virtud de que en la presente Recomendación se han concretado las evidencias para acreditar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas (…) por parte de servidores públicos de Seguridad Pública, es necesario que esa autoridad realice actos de reconocimiento de su responsabilidad y para tal efecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz deberá ofrecer una disculpa pública institucional a los familiares de las víctimas.”

Igualmente, al referirse a la “compensación”, González Pérez reiteraba la misma instrucción, ya que además de recomendarle directamente a Yunes que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se les brindara a los familiares de los jóvenes desaparecidos “una reparación integral del daño, que contemple el pago de una compensación y/o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos”; que se les inscribiera en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tuvieran “acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, y que se les proporcionara “atención médica, psicológica y tanatológica que requieran con el fin de que transiten el período de duelo, proporcionándoles un trato digno, sensible y con calidez”, también establecía que el mandatario estatal instruyera al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado para que ofreciera una disculpa pública institucional a las víctimas indirectas con la presencia de la CNDH.

Pero ni Yunes ni su jefe policiaco Jaime Téllez Marié cumplieron con esta recomendación, pues ambos estaban concentrados en ganar las elecciones municipales de 2017 y luego la sucesión gubernamental de 2018.

Por eso, ahora, Cuitláhuac tuvo que dar la cara por ellos.