Justo cuando apenas comenzaba a dejar atrás los fantasmas de los dos juicios políticos que el grupo legislativo de Morena le quiso activar en el Congreso local para removerlo de la Fiscalía General del Estado por presuntas acciones y omisiones violatorias de derechos fundamentales de un par de víctimas, ahora Jorge Winckler Ortiz ha recibido dos reveses en tan solo 24 horas, primero con la exoneración del exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, a quien procesó y mantuvo recluido durante más de un año por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal por el caso de la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz, y luego, este miércoles, por el fallo de un Juez federal que exculpó del cargo de Delincuencia Organizada a los 21 expolicías implicados en la desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca, en enero de 2016.

Respecto a Nemi, el fiscal yunista aceptó tácitamente que en diciembre de 2017, cuando lo aprehendieron, no tenían elementos suficientes para proceder en contra del exfuncionario, pues al pretender aclarar dijo que “no se le absuelve, simplemente se determina que los datos que existían al momento de formular la imputación y la vinculación no eran idóneos y suficientes...”. Empero afirmó que “la carpeta sigue abierta, tenemos nuevos datos de prueba y en su momento el Fiscal Anticorrupción determinará si ejercita acción penal, ya con los nuevos datos recabados en este tema de posible fraude en el caso de la Torre Pediátrica.”

Pero Nemi ha reiterado que no firmó ningún contrato y que tampoco fue el responsable de la construcción hospitalaria, pues por Decreto emitido en junio de 2011, el gobernador Javier Duarte había creado la Comisión de Espacios de Salud del Estado de Veracruz que sustituyó a la Comisión Constructora de Salud que en diciembre de 2005 había constituido su antecesor Fidel Herrera Beltrán. Se trataba de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Legalmente era “la única entidad del Gobierno del Estado encargada de administrar la construcción, diseño, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los hospitales, clínicas, laboratorios y centros de salud, y demás inmuebles y sus anexos que requiere el sector Salud en los distintos niveles y modalidades de atención a la salud a cargo del Estado…”.

En cuanto al caso de los cinco jóvenes de Tierra Blanca asesinados y desaparecidos, el fallo del juez federal fue directamente contra la Fiscalía General de la República por no acreditar el delito de Delincuencia Organizada, pero indirectamente implica también a la Fiscalía General del Estado, pues la Recomendación 5VG/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecía que el gobierno de Veracruz, a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares, “deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación que inicie la Procuraduría General de la República con motivo de la denuncia que formule la CNDH contra quien o quienes resulten responsables por delincuencia organizada…”.