Aunque el gobernador Cuitláhuac García y otros funcionarios estatales amagaron con proceder penalmente contra la empresa contratada en la administración del ex mandatario panista Miguel Ángel Yunes para instalar 6 mil 400 cámaras de videovigilancia en Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos –ya que acusaron que además de ser aparentemente obsoletas, “se pagaron mil 200 millones de pesos por adelantado y el trabajo (de instalación) no se concluyó”, operando con deficiencias el 34 por ciento de ellas–, una representante de la compañía expuso por escrito el 5 del presente mes ante la directora general Jurídica de la SSP, Aillet García Cayetano, que a partir del 29 de enero de 2019 “de manera extraoficial se ha negado el acceso a Comtelsat al Proyecto”, deteniendo “la realización de cualquier tipo de operación respecto al mismo”, e impidiendo “actividad alguna” tendiente a su finalización.

En respuesta al expediente SSP/DG/RAC/004/2018, sobre el Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato SSP-UA-111-17, celebrado el 07 de diciembre de 2017 entre el Gobierno del Estado a través de la SSP y Comtelsat para la “Adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el Estado de Veracruz”, la apoderada legal de la empresa, Gabriela Montaño Zúñiga, afirmó que “aun cuando existe la intención y voluntad de solventar solicitudes respecto a necesidades que surgen, no se encuentra en posibilidad de llevarlas a cabo” porque desde hace dos meses no les han permitido el acceso al Proyecto.

Inclusive señaló que “la totalidad de los bienes entregados por mi representada a la fecha de presentación de este escrito asciende al valor correspondiente asignado en el contrato, e incluso se ha hecho entrega e instalación de bienes por un valor mayor y en exceso, comprendiendo en todo caso la totalidad de los bienes implicados y descritos en el Anexo Técnico del Contrato, los cuales se encuentran instalados a disposición del Gobierno del Estado, tal como se ha establecido en las minutas, relaciones de trabajo y validaciones elaboradas por ambas partes, en donde se contiene la identificación de cada uno de dichos bienes, las características propias de acuerdo a su naturaleza, datos de identificación, así como las ubicaciones en donde se han instalado.”

Asimismo aseguró que el servicio de electrificación sí se concluyó, pero que “la puesta a punto del Proyecto no se ha completado en su totalidad”, debido a “diversas causas ajenas a mi representada, tales como fallas técnicas impredecibles que se encuentran en proceso de resolución, así como afectaciones de origen meteorológico que han retrasado la configuración de los equipos e incluso han generado daños al equipamiento, complicaciones orográficas, saturación del espectro radioeléctrico, por señalar las principales.”

Expusieron a la Dirección Jurídica de la SSP una detallada explicación técnica de la problemática que continúa vigente respecto a la funcionalidad del Proyecto, el cual se comprometen a concluirlo en un periodo de 160 días a partir de que permitan su acceso a él.