Indira Rosales, exsecretaria de Desarrollo Social, fue una colaboradora muy cercana al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y a su primogénito Miguel Ángel Yunes Márquez, fallido excandidato a la gubernatura de la alianza PAN-PRD-MC.

Fue tal su cercanía con ambos que del Ayuntamiento de Boca del Río saltó en 2016 a una estratégica secretaría de despacho como la Sedesol en el gobierno estatal de Yunes Linares, y en la sucesión gubernamental del año pasado le fue asignada la coordinación de la campaña de Yunes Márquez. Y pese al rotundo fracaso, Indira fue premiada con la senaduría plurinominal, desplazando a otros panistas veracruzanos con mayor trayectoria política y méritos partidistas que ella.

Pero ahora comienza a esclarecerse el propósito de impulsarla por la vía segura de la representación proporcional al Senado de la República. Por un lado es un alfil muy manipulable para los intereses del grupo de poder que lidera el ex gobernador del PAN, y, por el otro, fue protegida con el fuero legislativo por si acaso le saltaba alguna denuncia por los presuntos desvíos de recursos en la dependencia que tuvo a su cargo en el supuesto esquema de financiamiento de la precampaña y campaña de Yunes Márquez que ella coordinó.

Y es que la nueva administración estatal de Morena ha denunciado que la exfuncionaria yunista entregó contratos por más de 226 millones de pesos del Programa contra la pobreza “Veracruz Comienza Contigo” a empresas que son parte de una red vinculada al fraude y desvío de recursos en universidades públicas y dependencias federales.

La actual senadora del PAN entregó contratos vía adjudicación directa a las empresas Custom Performances SA de CV por 121.4 millones de pesos; D&P México Servicios Digitales SA de CV por 90.4 millones de pesos, e Integración Documental SA de CV por 15.1 millones de pesos para la realización de diversos servicios, las cuales entregaron a su vez contratos por 21.6 millones a otras empresas que el SAT ha identificado como inexistentes.

Estas tres empresas, según la Auditoría Superior de la Federación, participaron en la llamada “Estafa maestra”; una red de corrupción con empresas fantasmas creadas para el desvío de recursos federales en la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Guillermo Fernández, secretario de Desarrollo Social, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la simulación de un contrato de arrendamiento de autos, revelándose que la Sedesol, a cargo de Indira Rosales, entregó entre marzo de 2017 y marzo de 2018, once contratos a estas tres empresas, la mayoría por adjudicación directa.

La legisladora panista reviró que responderá a esta denuncia, la cual, se presume, le habría metido mano un experto en “estafas maestras”: Miguel Ángel Vega García, el extitular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu, y actual director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.