Antes de que a Javier Duarte lo forzaran, en octubre de 2016, a solicitar licencia para separarse de la gubernatura, el mandatario veracruzano recién expulsado del PRI le habría planteado al entonces presidente Enrique Peña Nieto que estaba dispuesto a dejar el gobierno del estado si se procedía también contra su virtual sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes.

Fue entonces cuando el gobernador electo de la alianza PAN-PRD salió a dar una conferencia de prensa ante la versión de que pretendían anularle su triunfo en el Tribunal Federal Electoral, ante lo cual amenazó con exhibir una serie de actos de corrupción que dizque iba “a cimbrar a todo México”.

La historia ya se sabe de sobra. Duarte se separó de la gubernatura dos meses y medio antes de que concluyera su sexenio y huyó a Guatemala, donde fue aprehendido en abril de 2017.

Yunes asumió la gubernatura pero jamás dio a conocer la información que según mantenía herméticamente resguardada, pese a que en su toma de protesta volvió a amagar con exhibirla y prometió entregarla a la Fiscalía de Veracruz para que se iniciaran carpetas de investigación.

Ahora, casualmente, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador –a quien Yunes siempre acusó públicamente de ser cómplice de Duarte, asegurando que el priista lo financiaba a él y a su partido Morena–, no sólo la Fiscalía General de la República (FGR) investiga por enriquecimiento ilícito y fraude fiscal por al menos 20 millones de pesos al exmandatario veracruzano, a su esposa Karime Macías y a otras personas y familiares cercanos a la pareja, sino que también la Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de una empresa fantasma de Poza Rica que presuntamente operó una red de prestanombres ligados a Duarte, la cual habría sido utilizada por la transnacional brasileña Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México, aparte de los 10 millones de dólares que le habrían entregado a Peña en su campaña presidencial.

Pero, además, jueces federales abrieron procesos penales en contra de los exsecretarios duartistas de Finanzas, Tomás Ruiz y Fernando Charleston, y de los exsubsecretarios de Sefiplan, Gabriel Deantes y Carlos Hernández, por su presunto involucramiento en el desvío de más de mil millones de pesos provenientes de fondos federales durante los años 2012 y 2014.

Yunes debería estar feliz. Sin embargo hay un asunto que parece preocuparle: el del sistema fallido de las 6 mil 324 cámaras de videovigilancia, por el cual pagó mil 100 millones de pesos a la empresa Comtelsat, de Manuel Arroyo, cuyo periódico El Financiero desató una campaña en contra del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien este martes presentó denuncia formal ante la FGR para que “se investigue el presunto mega fraude orquestado por Yunes Linares”.

Hoy llegaría a Xalapa un grupo de auditores federales para revisar este supuesto atraco.