Por fin, de la denuncia mediática por el caso de las 6 mil 324 cámaras de videovigilancia, por el que la administración del exmandatario panista Miguel Ángel Yunes pagó mil 100 millones de pesos a la empresa Comtelsat, pasó este martes a la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, a ver si los operadores del gobernador Cuitláhuac García no se vuelven a llevar otro frentazo como el ocurrido con el fallido juicio político en contra del fiscal general Jorge Winckler.

Y es que la empresa asegura que la Secretaría de Seguridad Pública es corresponsable desde el 1 de febrero pasado, y acusa a su titular, Hugo Gutiérrez Maldonado, de haber saboteado y desconfigurado el sistema, pretendiendo ahora enmendar la plana.

El 5 de marzo, una representante de la compañía expuso por escrito ante la directora general jurídica de la SSP, Aillet García Cayetano, que a partir del 29 de enero de 2019 “de manera extraoficial se ha negado el acceso a Comtelsat al Proyecto”, deteniendo “la realización de cualquier tipo de operación respecto al mismo”, e impidiendo “actividad alguna” tendiente a su finalización.

En respuesta al expediente SSP/DG/RAC/004/2018, sobre el Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato SSP-UA-111-17, celebrado el 07 de diciembre de 2017 entre el Gobierno del Estado a través de la SSP y Comtelsat para la “Adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el Estado de Veracruz”, la apoderada legal de la empresa, Gabriela Montaño Zúñiga, afirmó que “aun cuando existe la intención y voluntad de solventar solicitudes respecto a necesidades que surgen, no se encuentra en posibilidad de llevarlas a cabo” porque desde dos meses atrás no les habían permitido el acceso al Proyecto.

Además señaló que la totalidad de los bienes entregados por dicha empresa “asciende al valor correspondiente asignado en el contrato, e incluso se ha hecho entrega e instalación de bienes por un valor mayor y en exceso”, los cuales están descritos en el Anexo Técnico del Contrato y “se encuentran instalados a disposición del Gobierno del Estado”, tal como se estableció en las minutas, relaciones de trabajo y validaciones elaboradas por ambas partes, que registraron “cada uno de dichos bienes, las características propias de acuerdo a su naturaleza, datos de identificación, así como las ubicaciones en donde se han instalado.”

Asimismo aseguró que el servicio de electrificación sí se concluyó, pero que “la puesta a punto del Proyecto no se ha completado en su totalidad” debido a “diversas causas ajenas a mi representada, tales como fallas técnicas impredecibles que se encuentran en proceso de resolución, así como afectaciones de origen meteorológico que han retrasado la configuración de los equipos e incluso han generado daños al equipamiento, complicaciones orográficas, saturación del espectro radioeléctrico, por señalar las principales.” Sin embargo se comprometían a concluirlo en 160 días a partir de que le permitieran acceder a él.