Vaya dilema que tiene enfrente el gobernador Cuitláhuac García, ya que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que dio a conocer este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia al “cambio de paradigma en seguridad” y a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada recientemente por el Senado de la República, se establece precisamente que el mando coordinado que a nivel nacional ya existe –con el Gabinete de Seguridad encabezado por el Presidente de la República, que sesiona diariamente en Palacio Nacional y en el que participan los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa, y se convoca con regularidad al Fiscal General de la República–, “se busca replicar ese modelo a escala estatal y regional, con la participación de los coordinadores federales, los ejecutivos estatales y sus comandancias de policía y seguridad pública, e invitaciones especiales a las fiscalías y autoridades judiciales locales”.

Obviamente la interrogante es si en Veracruz será invitado el abogado yunista Jorge Winckler, a quien el gobernante de Morena sigue insistiendo en echar de la Fiscalía General del Estado.

García Jiménez está obligado a hacerlo por institucionalidad y porque además ha replicado al pie de la letra en Veracruz todos los programas y acciones del gobierno federal, lo que inclusive le ha valido ser objeto de escarnio por parte de sus adversarios políticos, quienes se pitorrearon de él durante la última gira de AMLO por la entidad ya que anunció la entrega de 500 vaquillas “solo para la zona del Sur del estado”, asegurando que vendrían a tranquilizar a Veracruz, aunque de acuerdo al PND el del Crédito Ganadero a la Palabra es apenas uno de los 14 programas prioritarios considerados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en la que, por cierto, se consideran también otras alternativas polémicas para “emprender la construcción de la paz”.

El PND expone, por ejemplo, que “ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares y frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos, resulta imperativo considerar la adopción de modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y que, al mismo tiempo, hagan posible el desarme y la entrega de los infractores, a quienes se les respetará sus derechos legales y se les propondrá un cambio de vida; se revisarán los expedientes de acusados y sentenciados a la luz de las lógicas de pacificación a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.”

Para ello propone establecer “el Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz”, entre ellos la CNDH y observadores de la ONU.