Hace ocho días, entrevistado sobre los señalamientos que había hecho en su contra el gobernador Cuitláhuac García acerca de que podría estar encubriendo a criminales –en relación a la masacre de 13 personas en Minatitlán y luego por la ejecución de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano–, el fiscal veracruzano Jorge Winckler negó que la Fiscalía General de la República (FGR) lo estuviera investigando sobre las graves acusaciones del mandatario estatal de Morena.

“No tengo ninguna citación, hasta este momento nadie me ha requerido para comparecer ante alguna autoridad para efecto de alguna investigación, ni yo, ni nadie en la Fiscalía ha comparecido a nada. He hecho mi trabajo de manera honesta, hemos perseguido a todos los delincuentes que se les ha encontrado datos de participación”, respondió.

Inclusive dijo confiar en la correcta actuación del titular de la FGR. “Yo confío en el doctor Alejandro Gertz Manero, que no vaya hacer un uso faccioso de las instituciones, con el único ánimo de buscar perjudicar. Hay que trabajar, hay que coordinarnos y hay que dar resultados”, afirmó.

Sin embargo, este martes, los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública del estado, Eric Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado, respectivamente, interpusieron formal denuncia ante la Delegación estatal de la FGR por la probable participación de Winckler en la constitución de delitos vinculados a la procuración de justicia.

Cisneros, titular de la SEGOB, declaró que “por más de dos años, no podemos decir que tuvo guardadas, sino más bien escondidas, más de 150 órdenes de aprehensión de delincuentes de alto impacto.”

“Esto no puede ser, la ley es muy clara y dice que, una vez que ha sido liberada una orden de aprehensión, tiene 24 horas para subirla a Plataforma México para que esté a la vista de autoridades federales y estatales”, apuntó el funcionario número dos de Palacio de Gobierno, quien añadió que, en algunos casos, Winckler llegó a tardar hasta 8 días en subir la información correspondiente, aun cuando los infractores ya estaban presos.

A finales de abril, Winckler dijo confiar en que el fiscal general de la República “no vaya hacer un uso faccioso de las instituciones, con el único ánimo de buscar perjudicar”, pero la denuncia en su contra fue presentada en la Delegación estatal de la FGR, no en las oficinas centrales donde despacha Gertz Manero.

Aunque, claro, el fiscal federal seguramente será informado y estará atento del curso legal que se le dé a este expediente que, para mala fortuna de Winckler, quedó casualmente en manos de Gonzalo Medina Palacios, quien antes de que asumiera el primero de marzo pasado la representación de la FGR en Veracruz, formó parte, en 2018, del equipo de transición del actual secretario de Gobierno, quien inicialmente lo había colocado en el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública.

¿Ahora sí habrá consecuencias legales o solo será otra dosis de “bullying” contra el incondicional del exgobernador Miguel Ángel Yunes?