Muy a pesar de los señalamientos que existen en contra del actual síndico, en funciones de alcalde de Mixtla de Altamirano, tras el asesinato de la presidenta municipal y su esposo, éste continuará al frente de la alcaldía como interino, hasta que el Congreso local reciba la solicitud del Cabildo de aquella municipalidad donde formalice la petición de nombrar a Margarita Montalvo Acahua -suplente de la extinta alcaldesa- como nueva autoridad.

Pero lo curioso del tema, es que el cabildo no ha hecho llegar tal documento a pesar de que han trascurrido ya 15 días del asesinato de la exfuncionaria.

El propio Presidente del Congreso, José Manuel Pozos Castro ha referido que cuenta con oficio del síndico que informa que está en funciones y oficio de la suplente solicitando asumir funciones, pero ese oficio –revela- no tiene ninguna validez puesto que debe haber cumplimiento al mandato constitucional que indica que tiene que llegar el documento de Cabildo para nosotros proceder.

Y es que, a la fecha, la Fiscalía de Jorge Winckler nada ha revelado respecto a las investigaciones y los señalamientos que implican al síndico en funciones de alcalde interino.

Hay quienes aseguran que en aquel municipio enclavado en la sierra de Zongolica, Ricardo Pérez Marcos confabula “estrategia” para no soltar la presidencia municipal y ello pareciera corroborarse con la tardanza del cabildo para que se llame a la suplente –como lo establece la Constitución- para tomar protesta.

Y así entre especulaciones y confabulaciones, la inacción de la Fiscalía –una vez más- se hace presente; eso sí, cuando de defenderse se trata, entonces sí Jorge Winckler llama a conferencia de prensa, pero sí de cumplir su deber se trata, el silencio es lo que retrata su personalidad.

A propósito del Congreso, ayer los diputados locales aprobaron reformar el Código Penal para sancionar con hasta cinco años de prisión y multa de casi 8 mil 500 pesos, a quien fotografíe, grabe videos o difunda imágenes de un cadáver o restos humanos que estén bajo resguardo de una institución de naturaleza forense, ello luego de que tal situación ocurriera –lamentablemente- con la empresaria asesinada de Coatzacoalcos, Susana Carrera.

Las imágenes circularon de manera indignante, su cuerpo sin vida tendido en una plancha de Servicios Periciales, escandalizó en el país y por supuesto lastimó a las victimas indirectas, como es el caso de familiares quienes tuvieron que lidiar con ello. La propuesta fue presentada por el legislador local de MORENA, Henri Christopher Gómez Sánchez, la cual fue aprobada.

Las penas serán incrementadas, en una tercera parte, si el delito es cometido por un servidor público o quien ejerza una profesión y utiliza los medios o circunstancias derivadas de ello y tenga bajo su custodia o resguardo un cadáver o restos humanos y ya que hablando andamos de la legislación penal veracruzana. Ayer la diputada local de Morena, Mónica Robles Barajas, propuso adicionar causales al delito de extorsión e incrementar sus sanciones.

Lo anterior mediante una iniciativa de decreto que reforma el artículo 220 del Código Penal y es que dijo la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social y que más se ha incrementado en los últimos años en Veracruz. Tan solo en los años 2015 y 2018 –dijo- ha crecido éste delito cerca del 20 por ciento, en el ámbito nacional, y en Veracruz ha tenido, en ese mismo periodo, un incremento de más del 400 por ciento, tan solo en denuncias.

En dicha propuesta de Robles, se propone que “comete dicho delito quien obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para si? o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o miembro o exmiembro de alguna corporación de seguridad pública o privada.

¡Así en el Congreso donde ya se empieza a notar el trabajo legislativo después de que se acusara improductividad! Nos leemos el próximo lunes, tengan ustedes un excelente fin de semana.

@magzamu