Pese a los buenos augurios, optimismo, cuentas alegres, triunfalismos palaciegos y alabanzas oficiosas de los poderes público local y federal, Veracruz se encuentra atrapado por los poderes fácticos de crimen organizado y de una clase política que actúa con una doble moral.

Solamente así se podría entender el fracaso, la derrota y la disfuncional estrategia anticrimen a un semestre del gobierno morenista de Cuitláhuac García. ¿Cuántos crímenes, feminicidios, muertes de niños, derechos de piso, secuestros o asaltos tiene que seguir en la cresta, para que se modifique la lucha anticrimen?

¿Y los daños colaterales? ¿Quién o quiénes pagarán por ello?

Los optimismos y cuentas alegres del góber y su equipo de trabajo de seguridad y prevención del delito se derrumban cuando se presentan de un día para otro o semanas barbaries de asesinatos múltiples, ejecuciones a mansalva o plagios singulares, dignos de filmes de Al Capone, de la Cosa Nostra o de la Mafia Rusa.

Veracruz no puede continuar en la ruleta de la muerte, de la impunidad, de la corrupción, de la ineficiencia e insuficiencia económica, en la frivolidad, en el doble discurso y en la lucha sórdida entre el Poder Ejecutivo y el Fiscal General.

Las culpas, omisiones y diferencias ideológicas, no tienen por qué pagar los platos rotos la sociedad civil y ciudadanos de a pie. La cruzada anticrimen en Veracruz no debe escatimar los dineros públicos, equipo, uniformes, armamento, municiones, unidades, capacitación, certificación, mejoras salariales sustantivas, gasolina, etcétera.

En teoría, se supone, en el inicio del gobierno de Cuitláhuac García —1 de diciembre de 2018 para acá—, los cuerpos policiacos de la SSP y los adherentes deberían estar percibiendo casi el doble de sus percepciones salariales, más prestaciones más justas y descansos menos castigados, como lo establece la norma del SESNSP, pero esto no ocurre así.

La lucha anticrimen no es un deporte, es una patología causada por una clase política voraz —principalmente por la hegemonía que mantuvo el PRI en los tres niveles de gobierno y después el PAN, PSUM, ahora PRD y los demás satélites—que deterioró gravemente las instituciones públicas hasta colapsarlas.

A esta y otras patologías que concatenó la corrupción, la impunidad y el desgaste de la megalomanía de la retórica oficial, se suma la perversa decisión del góber morenista de actuar con mezquindad con elementos de la SSP al recortarles al inicio del gobierno el salario, prestaciones, gasolina, municiones, viáticos, descansos y el rechazo de salarios a policías discapacitados, según denuncia de la propia policía que pidió el anonimato.

Por estas nimiedades del gobierno de Veracruz, el crimen organizado se mueve en la geografía veracruzana como pez en el agua. Los señores de los poderes fácticos y formales han encontrado en la entidad tierra fértil para sus operaciones ilícitas como la trata de personas, prostitución, esclavitud, giros negros, lavado de dinero, bienes inmobiliarios, gasolineras, chupaductos, ante la ineficiencia y corrupción del poder público.

Aunque los apologistas y vasallos del inexperto, novel y aprendiz góber argumentan que no es tiempo de pedirle resultados a su magra gestión, sí es conveniente hacer un corte de caja del cuestionado gobierno estatal.

Si sabía la gravedad del aparato gubernamental que iba a administrar que provenía desde el sexenio de Patricio Chirinos Calero (1992/98) hasta llegar al del panista Miguel Ángel Yunes Linares (bienio 2016/18), por qué no contrató a los mejores expertos en temas de seguridad pública, finanzas, salud, pobreza y desarrollo social.

Como académico universitario sabe y sabía que hay expertos de la Universidad Veracruzana y del Colegio de México que diagnosticaron el grave deterioro institucional que enfrenta el gobierno de Veracruz. El aparato de procuración y administración de Justicia, del Poder Ejecutivo y Legislativo, se encuentran en el peor tobogán de la historia contemporánea.

Hasta ahora sólo ha sido un burdo títere del presidente AMLO que replica en forma fútil algunas decisiones que causan escozor y desdoro del imaginario colectivo y, que a la postre, pueden ser un bumerang para su vapuleado  e improvisado régimen estatal.

Es execrable, pero hay que decirlo, el gobierno morenista de Veracruz es rehén del crimen organizado. No hay un plan simétrico, todo terreno, que permita desarticular a las células criminales que operan en centros comerciales, mercados populares, suburbios y zonas urbanas en la mayoría de los 212 municipios del estado, con el lucrativo negocio del derecho de piso.

Los negocios más rentables de los poderes fácticos del crimen organizado y un segmento de la clase política corrupta, siguen siendo el secuestro, la trata de personas y los negocios encubiertos.

No es válido que ahora en la guerra contra los transgresores de la ley —señores de ahorca y cuchilla—, el góber evada el brete o paquete social cuando tuvo el suficiente tiempo para armar la fórmula ideal para reintegrar la paz y el orden social en Veracruz.

Bien pudo o puede aplicar algunas estrategias del vietnamés Vo Nguyen Giap, quien derrotó en 1945 a los invasores de Francia en Vietnam del Norte y en 1968 a los estadounidenses en Vietnam del Sur. Ante una apabullante mayoría militar, Giap se ganó a pulso una gran reputación como estratega. Escribió el libro ‘La Guerra de los Pueblos, el Ejército de los Pueblos en 1962’.

Pero Cuitláhuac escucha el canto de las sirenas. ¡Prefiere el toque mágico del Festival de Salsa que enfrentar el sombrío camino de los detonadores de la narcoviolencia!

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