La más grave enfermedad que padece nuestro país y de la cual, Veracruz no escapa, es la impunidad.

La historia reciente de nuestro estado muestra una creciente, en éste mal, propiciado por la inacción de la Fiscalía que hoy pareciera un brazo ejecutor de la oposición del gobierno en turno, olvidándose de su obligación constitucional.

Así pues, ante el conflicto existente entre el poder ejecutivo y el titular de la Fiscalía, la legalidad es lo último que prevalece; mientras la Secretaria de Seguridad Pública realiza las acciones preventivas, al capturar a infractores de la ley en flagrancia y los pone a disposición, la Fiscalía prácticamente los libera al incumplir con su tarea de investigar y presentar las pruebas y los argumentos para imputar al presunto delincuente.

Luego entonces al no contar con el suficiente material probatoria que incrimine a los detenidos, el juez de control determinará su liberación sin ni siquiera establecer medidas cautelares que reestablezcan al menos el daño material causado, dejando así a las víctimas directas o indirectas en total estado de indefensión.

Luego entonces, la política de prevención del delito y demás acciones que busquen combatir el gran mal, fallarán, mientras no exista una autoridad responsable encargada de investigar y presentar las pruebas necesarias que permitan sancionar a quienes actúan fuera del margen de la ley, lo cual resulta realmente preocupante.

Pero todo ello parece no ocuparle al Fiscal General, Jorge Winckler, quien no cumple con sus funciones y además se burla de los veracruzanos insistiendo en su permanencia.

Un nuevo escándalo suena en Veracruz en su contra y se trata precisamente de los abusos que éste ha cometido para incriminar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha reconocido que éste ha incurrido en hechos de tortura, desatendiendo la reparación integral necesaria.

El abogado Jorge Reyes Peralta ha informado que la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por supuestos actos de tortura perpetrados por la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, en contra de Gilberto “N” –ex funcionario de la Fiscalía, hoy encarcelado- podrían esta vez propiciar su caída.

El abogado del ex director de servicios periciales ha referido que a Winckler Ortiz se le podría denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por estos hechos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos a caro de Namiko Matzumoto establece en su recomendación 25/2019 que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas deberá de cuantificar una compensación para Gilberto “N”, ex director de Servicios Periciales, tras inscribirlo en el registro estatal de víctimas, ello con motivo de “los daños y sufrimientos” derivados de los actos de tortura de los que fue objeto el ex director de servicios periciales.

Gilberto “N” fue acusado por el delito de desaparición forzada, justo cuando al Gobierno de Yunes, le dio por encarcelar a exfuncionarios duartistas como una medida política.

Al citado ex funcionario se le acusa de haber ocultado y alterado el hallazgo de al menos 13 cuerpos hallados en La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.

Ahora se sabe qué con la determinación de la CEDH, la resolución podría servir para llevar este asunto ante la Fiscalía General de la República y proceder en contra de Winckler Ortiz, buscando con ello su destitución por estar involucrado en delitos federales e incluso ser procesado.

Gilberto “N” ha denunciado a Winckler Ortiz, así como a sus subalternos, de torturarlo, ahora la CEDH lo ha confirmado. ¡ya veremos que ocurre.

¡Así las cosas en nuestro Veracruz!

 @magzamu