Hace un mes, a finales de abril, luego de que un diario de la llamada “prensa fifí” publicó que Grupo Bio Pappel había ganado un contrato abierto hasta por 221.6 millones de pesos para proveer papel offset a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el presidente López Obrador anunció públicamente que pediría a las instancias correspondientes cancelar el contrato que había ganado un empresario a cuyo hijo menor acababa de apadrinar en su bautizo.

“Quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir a la instancia correspondiente del Gobierno que se busque la forma legal, de que se cancele ese contrato, esa compra, le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda las circunstancias, nosotros no sólo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra integridad, es ser y parecer, y esto aplica en todo”, dijo AMLO en conferencia de prensa.

Inclusive comentó que en caso de que no sea legal la revocación del contrato, de cualquier manera le pediría al empresario que se retirara voluntariamente. Y así se hizo.

Que se recuerde, ninguno de los ex Presidentes que le antecedieron reaccionaron de esta manera en casos similares.

Ahora acaba de estallarle el caso de Carlos Lomelí, superdelegado federal en Jalisco, a cuya empresa Abisalud le fueron adjudicados ocho contratos, entre ellos uno por 36 millones de pesos por el gobierno morenista de Veracruz.

Pero nuevamente López Obrador afirmó que en su administración “no vamos a permitir la corrupción de nadie, trátese de quien se trate”, aunque consideró que este caso era “parte de una confrontación política”, a la que coloquialmente se le llama “grilla o, más elegantemente, politiquería.”

Es más, dijo que “la instrucción que tiene (Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) es que todo lo que le llegue a investigación financiera, de lavado de dinero, de compra de bienes, de riqueza obtenida sin justificación, de inmediato, sea quien sea, a la FGR”.

En Veracruz también será revisada la legalidad del contrato de Abisalud, lo que ahora están demandando los diputados locales del PAN y hasta el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, los cuales poco o nada hicieron durante la administración del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes ante los contratos asignados en el Sector Salud o por la Secretaría de Seguridad Pública y cuyo incumplimiento o costos desproporcionados representaron un grave daño al erario del estado.

Consolidar la cultura de la transparencia en México va para largo todavía, pues hasta las élites empresariales muestran resistencias. Ahí está el caso, por ejemplo, de los 170 grandes causantes fiscales a los que de 2007 a 2018 el SAT les condonó 400 mil millones de pesos –entre los cuales figuran tres empresas de la familia Chedraui y hasta una harinera de Veracruz–, los cuales litigan ante los tribunales para que sus nombres y montos perdonados no sean exhibidos públicamente.