Acostumbrado a lo largo de su trayectoria pública a no dar explicaciones convincentes de lo que se le acusa sino sólo a descalificar y amenazar a quienes lo señalan –así ha sido su comportamiento en general como funcionario de gobiernos estatales y federales tanto del PRI como del PAN–, Miguel Ángel Yunes Linares está por ser obligado ahora como ex gobernador a rendir cuentas de un presunto desfalco multimillonario que dejó en su administración, similar o peor que el atribuido a su odiado némesis, el ex priista Javier Duarte.

Así evadió, por ejemplo, en el sexenio del ex gobernador Patricio Chirinos, en 1994, su responsabilidad como secretario de Gobierno en el brutal caso de los hermanos Rolando y Atanasio Hernández, dos indígenas torturados y masacrados en Ixhuatlán de Madero durante un desalojo que la policía estatal bajo su mando realizó en un rancho del ex alcalde priista Tranquilino Hernández Reyna; igual actitud asumió como subsecretario de Seguridad Pública federal ante el desalojo de Atenco, en el Estado de México, donde varias mujeres fueron abusadas sexualmente por los elementos policiacos en 2006; también, al ser implicado con el pederasta de Cancún, Jean Succar Kuri, buscó ser exonerado por un funcionario de la PGR en Quintana Roo; cuando la primera fuga del narcotraficante  Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, él se retiró anticipadamente pero dejó al frente de los reclusorios federales a su incondicional Enrique Pérez Rodríguez; igual hizo en 2010 en el ISSSTE, donde fue acusado de millonarios desvíos  pero para cubrirse la espaldas dejó en la Dirección General a su operador financiero Jesús Villalobos, el cual terminó siendo inhabilitado y quien, por cierto, fue su principal cómplice en la renegociación de la deuda pública del gobierno del estado en el pasado bienio.

En 2016, cuando una televisora de Miami detonó el escándalo de los “Panama Papers”, en el que fue mencionado su hijo Omar Yunes Márquez, igualmente se negó a explicar su inmenso patrimonio familiar, con millonarias cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias de altísima plusvalía en México, Estados Unidos y España.

Ahora, ante la denuncia de hechos que este martes presentó el auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, ante la Fiscalía General de la República, Yunes, en vez de presentar toda la documentación contable y contratos para responder a los señalamientos en contra de su corto régimen por presuntos desvíos e inconsistencias financieras, mejor optó por responder que “no serviré de ‘Caja China’ para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos, tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto, protector de Duarte y de sus cómplices”, argumentando que “por ello no responderé señalamientos falsos y torpes; sería hacerles el juego.”

Pero a Portilla, ese “auditor corrupto”, él lo sostuvo dos años en el ORFIS, cuando bien pudo sacarlo tal como hizo con el ex fiscal duartista Luis Ángel Bravo.