Si no tuviera la cola extremadamente larga como la que le acompaña, las acciones de la Procuraduría del Medio Ambiente en Veracruz fueran bien vistas, pero su titular no le da credibilidad alguna a la dependencia y las medidas en las que incurren menos, pues parecen siempre llevar un doble fondo, más que el objetivo de cuidar el ecosistema.

Sergio Rodríguez Cortés de cuyo pasado es hablar de un largo historial de corrupción, traiciones políticas y fariseísmo partidista, es el Procurador del Medio Ambiente en el estado, de quien seguramente Andrés Manuel López Obrador desconoce de su existencia y la delicada función que le toca, y desde donde se encuentra atrincherado para dirigir sus baterías a la extorsión y corrupción.

Recientemente fue denunciado el hecho de las arbitrarias multas que personal de la PMA aplicó a las unidades recolectoras de basuras de algunos municipios, y a quienes se sancionó de manera “exprés” hasta por 50 mil pesos por camión.

Lo mismo ha hecho con los tiraderos que tienen los ayuntamientos para depositar la basura. Y como parte de una sospechosa e incierta tarea de presionar para que a través de la contratación de renta de terrenos solucionen su problema. Pero he ahí el negocio.

La flamante función en su nuevo encargo, quien fuera diputado local y ex director del Servicio Estatal de Empleo con Javier Duarte –este gobierno aseguró que ningún duartista estaría en el gabinete- tuvo la ocurrente idea de anunciar que se monitoreaban los niveles de contaminación a través de los aparatos telefónicos. Y que llegaban a la conclusión de que en Veracruz existen serios problemas contaminantes. Vaya alcance.

Todo eso está bien, pero de ahí la Procuraduría del Medio Ambiente no hizo más por remediarlo. O al menos, públicamente no es sabido.

Ahora se lanza contra las empresas cinematográficas en la conurbación y principales ciudades de la entidad. Y este miércoles sancionó al menos en forma parcial, con clausura a los negocios expendedores de alimentos y bebidas en las salas de cines.

Y es que según Rodríguez Cortés estas compañías deben sujetarse a la Ley  Estatal de Residuos Sólidos y Manejo de Plásticos, con el fin de que no utilicen popotes y bolsas de plásticos que no sean biodegradables.

El asunto es que una vez más pareciera que en ese plazo de 5 días que le ha impuesto el flamante Procurador, lleva más de trasfondo que la intención de un verdadero operativo para amainar la contaminación y la degradación del medio ambiente en la entidad veracruzana.

Hacerlo, es más que un golpe en el escritorio, más que un susto amenazante a las empresas, para que caigan en sus redes. Si el funcionario no tuviera cola que le pisen otro cantar sería. Más bien, la idea es buscar una negociación. Habría que ver si en todas las ciudades donde haya salas de cine se da verdaderamente el cambio que dice es su objetivo.

Y es que el Procurador en su ambicioso y desesperado deseo de frenar el cambio climático deberá tomar en cuenta que se está metiendo con empresas de índole nacional, franquicias que tienen un peso bastante significativo en el desarrollo de la economía del país.

A ver si en su oscuro interés por cuidar el medio ambiente no le sale el tiro por la culata al procurador.