La migración en nuestro país es una dolorosa realidad y no solo por los mexicanos que buscan “el sueño americano”, sino por los hermanos centroamericanos quienes también pasan por nuestro país intentando llegar a Estados Unidos; diariamente ellos sufren una agonía, pues llegar significa someterse a las condiciones de “polleros” que ilegalmente lucran con la aspiración de miles de familias, que consideran, solo así lograrán mejorar sus condiciones de vida.

El pasado fin de semana, para ser precisos el sábado, aquí en territorio veracruzano, como ocurre casi a diario, 785 migrantes fueron detenidos por elementos federales mientras cruzaban el estado a bordo de cuatro tráileres.

El Instituto Nacional de Migración informó que las personas fueron aseguradas en dos operativos diferentes realizados en carreteras de la zona sur de la entidad, en el tramo Sayula de Alemán-Isla y en la vía que comunica a Sayula de Alemán con Acayucan.

Lo anterior ocurrió, después de que elementos del Instituto, así como personal de la Guardia Nacional y la Policía Federal, marcaron el alto a los vehículos. Al hacer la revisión correspondiente detectaron que las unidades tenían ‘doble fondo’, así es que, después de ser asegurados, los centroamericanos fueron atendidos y revisados por elementos del Grupo Beta del INM. Posteriormente fueron trasladados a la estación migratoria ubicada en el municipio de Acayucan, Veracruz.

Según se informó en el lugar se detuvo a presuntos traficantes de personas, quienes serán puestos a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y los vehículos fueron asegurados.

Lamentablemente nuestro estado es paso obligado para los migrantes centroamericanos, quienes, mediante camiones de carga, vehículos clonados o bien mediante la llamada “bestia” el tren, buscan a toda costa llegar a Estados Unidos.

Apenas un día antes, migrantes fueron atacados a tiros en Agua Dulce, Veracruz, donde reportes extraoficiales pues nunca existió una versión oficial- informaron de la muerte de una menor salvadoreña.

A eso se enfrentan diariamente los migrantes, es decir, lo mejor que les puede pasar es ser descubiertos por autoridades de migración y ser deportados, pero lo peor es ser atacados, violentados, abusados o secuestrados por bandas de la delincuencia organizada que operan en las regiones que son paso obligado de migrantes.

Mucho se ha dicho y se ha estudiado y publicado sobre la complicidad de las propias autoridades municipales, estatales y federales que consienten las agresiones a seres humanos que buscan ansiosamente mejores ingresos y creen que en Estados Unidos lo lograran.  Ahora con los acuerdos entre México y Estados Unidos, la seguridad se reforzará y cada vez será más difícil que éstos logren alcanzar su sueño.

Ayer el canciller de México Marcelo Ebrard se refirió a lo ocurrido el sábado y aquí relatado y dijo que buscarán aplicar la extinción de dominio a los transportistas que permitan el traslado ilegal de migrantes como una manera según el de aminorar el problema. Cabe aquí precisar que en términos muy simples y entendibles la extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.

Es decir, ,lo que Ebrard dijo, es que éstos vehículos que se presten a actividades ilícitas podrían pasar a manos del estado y ser retirados a los propietarios. El funcionario dijo que generalmente los transportistas se justifican argumentado ignorancia o desconocimiento al asegurar que no tenían conocimiento alguno de que transportaban personas.

Dio a conocer que según versiones de los migrantes les cobran alrededor de 3 mil 500 dólares por personas para llegar a los Estados Unidos, pero si pagan 5 mil dólares tienen derecho a ser transportados por segunda ocasión en caso de ser deportados.

Este mercado ilegal, dijo Marcelo, genera entre 10 a 15 millones de pesos en comisiones por traslado, en el caso de lo ocurrido el sábado, los traficantes de personas obtuvieron un jugoso ingreso de 69 millones de pesos.

Según el funcionario, ahora sí, la FGR investigará y procederá en contra de funcionarios que estén implicados en esta actividad e insistió que no se va a permitir el tráfico de personas.

¡Ojalá que ahora sí la nueva administración morenista actúe y ponga un alto a la complicidad de autoridades que durante años han permitido abusos y asesinatos en contra de seres humanos y a cambio de ello se han enriquecido! Tengan ustedes un excelente martes, nos leemos mañana.

@magzamu