Darle formalidad jurídica y aún más, hacerlo con el aval de la institución, al esquema con la cuenta bancaria donde se depositan las “cuotas” obligatorias impuestas a los concesionarios de las famosas cooperativas y tienditas escolares, fue el objetivo final de lo que por siempre se ha creado, una caja chica para que el titular de la SEV en turno y altos funcionarios que la manejan, se despachen con la cuchara grande.

Así, por ejemplo, un diputado local recientemente puso el dedo en la llaga al señalar que se institucionaliza el “diezmo” en la SEV y al decir que es extraño que no hay una sola denuncia del secretario de Educación, Zenyazen García Escobar. Pero la existencia de esa partida no es algo nuevo.

No hay querella alguna en la SEV por una muy clara y válida -para sus intereses – razón. Si el titular de la SEV denunciara judicialmente los malos manejos de este rubro se estaría pegando un tiro en el pie. Y es que lo que han venido haciendo administraciones anteriores con esa cuenta donde se acumulan millones de pesos por dicho concepto, también ha sido operada por el mismo funcionario y sus allegados desde que llegó al poder el 1 de diciembre del año pasado.

Tampoco puede hacerlo porque entonces debería responder a preguntas tan simples como el por qué no la canceló desde el primer día que inició la presente administración? Deberá aclarar también lo hecho con esos recursos durante los 7 meses que lleva el gobierno de Ciutláhuac García y del que es secretario de Educación.

Y, la razón que lo llevó a pedirle al Congreso Local que se le diera la facultad para esas concesiones y para el manejo de lo obtenido por ello vía particulares.

En este espacio dimos cuenta del jugoso negocio que entre manos se teje con las cooperativas y tiendas escolares, que por tradición daban a los directores de las escuelas una aportación de hasta 50 mil pesos mensuales para mantenimiento de la escuela, compra de papelería y otros aditamentos que no le suministra la dependencia.

Desde hace un tiempo la instrucción fue que todo debería ser entregado a las oficinas centrales de la SEV, y es donde esa cuenta ha sido “engordada” para el manejo discrecional de Zenyazen y compañía.

En la información comprobada y detallada de dicha cuenta se informó en su momento en este espacio de los ingresos que fueron utilizados para supuestos pagos de personal por contrato, comisiones y gastos generales.

Más de cien millones de pesos de los que a nadie se da cuenta. Y que fue utilizada según los funcionarios de la SEV pero de eso no hay una sola comprobación. Incurriendo en serias anomalías.

INSTITUCIONALIZAR EL DIEZMO

Sin una investigación o denuncia que avalara los señalamientos que hizo el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, sobre presuntas irregularidades en estas cooperativas, 31 diputados dieron facultades recientemente al secretario y otros funcionarios de la dependencia para emitir y elegir a los concesionarios.

Las críticas entones fueron en el sentido de que el funcionario estatal denunciara —únicamente ante medios de comunicación— las presuntas irregularidades por 109 millones de pesos en mil 936 de las 2 mil 796 tiendas.

Fue la oposición quien le dio el término de la “institucionalización del diezmo” hacia la SEV, al otorgarle la facultad única de decidir sobre las concesiones., algo que no está alejado de la realidad.

MUY EN CORTO

QUIEREN SATURAR DE TAXIS. La voracidad de los líderes de taxistas no tiene límites. No se tientan el corazón -ni ven la problemática real que existe en su gremio- para exigir más concesiones de carros de alquiler sin importarles que Veracruz está saturado de este servicio público.

Y es que trascendió que el reciente amago que hicieron al gobierno del estado con realizar marchas y plantones en diversos puntos de la entidad, tiene de fondo presionar para exigir mil concesiones más que serían repartidas entre los propios líderes y sus familiares.

De hecho, advirtieron que si no se les cumple su capricho cerrarán, en primera instancia, algunas calles de Xalapa.  Algo que se supone estaba erradicado y es castigado por la Ley.

Sería importante que el gobierno del estado ponga orden en este sector y que no se deje amenazar por un grupúsculo de dirigentes patito que también se niegan a la entrada del servicio Uber, pero nada hacen por mejorar y dignificar las condiciones de sus unidades.

Es necesario aplicar mano dura en este sector que está plagado de dirigentes corruptos.