La detención del abogado Juan Collado que escandalizó el pasado martes, no solo preocupa a los priistas, sino también a los panistas, pues resulta que, en las acusaciones sobre la operación de Caja Libertad –al parecer- propiedad del litigante y su familia, se involucra no solo a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, sino al gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién.

Del tema, el gobernante ya ha declarado que ni él, ni su gobierno tienen relación con Caja Libertad y calificó como una «bajeza» las acusaciones en su contra, por lo que dijo que en éste y cualquier otro caso no permitirá que su nombre se vea manchado por acusaciones que calificó de absurdas.

Aunque contrario a lo dicho por el gobernante, se ha informado que, en el padrón de proveedores del gobierno Querétaro, correspondiente a los años 2018 y del 2019, aparece registrada la empresa Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P. ¡habrá que ver que escándalos continúan tras esta denuncia que por ahora tiene en prisión a uno de los abogados más poderosos del país!

Cabe destacar que todo este escándalo y detención se ha generado con motivo de la denuncia interpuesta por el empresario Sergio Hugo Bustamente Figueroa; en una de tantas comparecencias ante la Fiscalía General de la República (FGR) -el empresario, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro- declaró que la Caja Libertad financió con más de 100 millones de pesos la campaña del gobernador de Querétaro.

Los panistas han señalado en defensa del mandatario, que al parecer se trata de una intención por debilitarlo, pues es uno de los gobernantes mejor posicionados en el país con miras al proceso electoral de 2021 y así entre acusaciones y señalamientos quienes no han aclarado nada y evidentemente no lo harán, son los priistas, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, de quienes se ha dicho son los dueños originales de la empresa, que, según la denunciante, es usada para “lavar dinero”.

Cierto es, que el tema seguirá dando mucho de qué hablar y politólogos aseguran que la “estrategia” de su detención es con el fin de advertir a ex presidentes y demás políticos de las acciones que se podrían emprender en su contra; es decir tenerlos controlados. Por ahora un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al abogado y por ahora, al parecer estará en prisión 6 meses en tanto se desarrolla la etapa de investigación judicializada. ¡Veremos que más arroja este tema que se antoja más político que jurídico!

Y bueno que, aterrizándonos un poco en temas locales, déjenme les cuento que habitantes del municipio de Mixta de Altamirano, enclavado en la sierra de Zongolica -donde recientemente fue asesinada la alcaldesa junto con su esposo y otro colaborador- viven momentos de incertidumbre, luego de que el Congreso autorizara la desaparición de poderes ante aparentes hechos de ingobernabilidad.

Se nombró un consejo municipal que ayer tomó protesta entre jaloneos e inconformidades y ya veremos que pasa en los días por venir, aunque del tema el Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo Juan Manuel Pozos Castro ha dicho que este escenario podría presentarse en otras municipalidades donde la ingobernabilidad o la inseguridad se hagan presentes y así textual dijo que no se tentarían el corazón para desaparecer poderes ¡así las cosas en nuestro Veracruz queridos lectores tengan ustedes un excelente viernes!.

@magzamu