La orden de aprehensión girada por un juez local en contra del ex fiscal general del Estado, Jorge Winckler, y de cinco subalternos más acusados del presunto delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro en agravio de la víctima identificada solo por sus iniciales “F.Z.A.”, está vinculada a la detención y retención arbitraria de Francisco Zárate Aviña, el jefe de escoltas del ex fiscal duartista Luis Ángel Bravo Contreras, pero no sería el único caso que estaría por imputárseles.

Y es que, como se recordará, el 6 de mayo pasado, la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz formuló la Recomendación 25/2019 dirigida principalmente a la Fiscalía de Winckler –aunque también incluyó a la Secretaría de Seguridad Pública, por depender de ésta la administración del reclusorio de Pacho Viejo– “en carácter de responsables” por los “actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos en perjuicio” de Gilberto Aguirre Garza, ex titular de Servicios Periciales de la FGE, a quien según la recomendación del organismo autónomo, le fueron violados sus derechos humanos “a la integridad personal en su modalidad de tortura física y psicológica”, y el del “debido proceso”.

La CEDHV determinó que existían elementos suficientes para que a Winckler se le acreditara responsabilidad en casos de tortura, pues la investigación acreditó que durante las madrugadas de abril y mayo del 2018, Eduardo Coronel Gamboa, en aquel momento Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, ingresó personalmente al penal de Pacho Viejo sin dejar constancia en los filtros de seguridad “con la finalidad de fabricar pruebas mediante actos intencionados de sufrimiento, es decir, tortura”.

Dicha Recomendación irritó a tal grado al abogado yunista que arremetió en contra de la presidenta del organismo autónomo, Namiko Matzumoto, lo que motivó que a mediados de mayo, en un hecho sin precedentes, la Comisión Nacional y las 32 comisiones estatales de Derechos Humanos del país hicieran un llamado “respetuoso pero enérgico” a la Fiscalía General de Veracruz para que ajustara “su comportamiento, acciones y declaraciones, al respeto institucional hacia la CEDH, a su titular y hacia el personal de la misma”.

En un comunicado, los miembros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos expresaron su inquietud “por los intentos de ingreso a cuentas de correo electrónico y otros medios digitales de comunicación personal que la presidenta de la Comisión Estatal, Namiko Matzumoto, ha señalado públicamente, hechos que preocupan por vulnerar la intimidad y privacidad de la persona afectada y su familia”.

Además, en tono sarcástico, el fiscal yunista había declarado que la presidenta de la CEDH lo acusaba de que al detenido se le torturó con música de un género reguetonero. “Pasará a los anales de los derechos humanos: ¡Maluma torturó en la cárcel de Pacho Viejo a quien es presuntamente responsable de participar en la desaparición de restos de seres humanos!”, ironizó.