El jueves pasado, Guillermo Fernández Sánchez, secretario de Desarrollo Social, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal por una fraudulenta adjudicación directa para conservación y mantenimiento de bienes informáticos en la SEDESOL estatal.

El funcionario estatal acusó la simulación del procedimiento de adjudicación directa del contrato SEDESOL-ADJ-010-2017, por un monto de 4 millones 771 mil 574 pesos, relativo a la conservación y mantenimiento de una plataforma y un supuesto padrón de beneficiarios que jamás existió.

El monto no es espectacular, ya que no llega siquiera a los 5 millones de pesos, pero este caso bien puede conducir a otros realmente escandalosos en los que estaría involucrado Félix Rafael Malpica Jiménez, esposo de Karen Collado Yunes, sobrina del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Este sobrino político del ex mandatario estatal del PAN es señalado actualmente como el principal proveedor de Sistemas de Espionaje, Sistema de Intervención de Telefonías, Sistema de Intervención de Redes Sociales, Sistemas para Protección de las Tecnologías de la Información; Sistemas de Análisis de Video con Reconocimiento Facial; Sistemas de Soporte Técnico en Monitoreo y Vigilancia, y Sistemas de Análisis de Voz en Reacciones Emocionales, en los que la anterior administración invirtió oficialmente 365 millones de pesos.

Según información que circula en las redes sociales, a “Felillo Jr.”, como también es conocido, se le atribuye haber creado en los dos años del régimen anterior varias empresas “fantasma” como Systemtech Sistemas Tecnológicos; Blindarte S. de R.L. de C.V; Alta Prevención WT México; Sistemas Integrales Computarizados; y Grupo Profesional Shalom, que fueron las que proveyeron y suministraron al Gobierno del Estado todos los insumos tecnológicos, supuestamente con precios triplicados.

Desde el inicio de la administración de Yunes Linares, en diciembre de 2016, le fueron asignados diversos contratos en dependencias como la SEDESOL, SEV, DIF y hasta en la propia Contraloría General del Estado (CGE).

Otro caso en el que fue implicado fue el de La Bocana del Corsario S.A. de C.V., empresa que originalmente tenía la concesión sobre el aprovechamiento de la playa Santa Ana, de Boca del Río, donde fue construido el “Foro Boca” por la administración municipal de Miguel Ángel Yunes Márquez, el primogénito del exgobernador.

Según versiones periodísticas, dicha empresa, creada en 2007 con un capital de 500 mil pesos a nombre de María del Carmen Luisa Ocejo Rodríguez y Ricardo Zurita Vivian, era la que contaba originalmente con los permisos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el uso de esa zona federal marítima boqueña. Sospechosamente la concesionaria fue adquirida en 2016, año de la sucesión gubernamental, por Malpica Jiménez, quien luego le cedería los derechos de esa zona federal marítima al Ayuntamiento de Boca del Río, entonces presidido por Yunes Márquez, quien como alcalde autorizó pagos mensuales que jamás se transparentaron.

El notario público que dio fe fue Leopoldo Domínguez Armengual, quien posteriormente sería nombrado secretario de Turismo por Yunes Linares.