La primera tomadura de pelo a los veracruzanos, acerca de la deuda pública estatal, la hizo el entonces gobernador Javier Duarte en octubre de 2015, cuando anunció en conferencia de prensa que el 90 por ciento de la deuda heredada por su administración sería pagada a través de la reestructura con garantía de los Fondos de Aportaciones para las Entidades Federativas (FAFEV) y de Infraestructura Social (FAIS), así como el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Personal (ISRTP).

Esa vez, Duarte aseguró que con esta disposición obtendrían 5 mil millones vía FAFEV, mil 700 millones del FAIS y 15 mil millones de pesos del ISRTP, casi 22 mil millones de pesos en total que se abonarían de los 25 mil 145 millones de pesos que, por esa fecha, dizque sólo adeudaba su gobierno a la banca.

El mandatario priista destacó que “esta medida” no significaba “más deuda para los veracruzanos”, sino que liberaría “participaciones federales que tenemos en estos momentos comprometidas para el pago del servicio de la deuda pública”.

Para ello, Duarte envió una iniciativa con proyecto de decreto que le aprobó la LXIII Legislatura local. Según argumentó a los diputados, dicha reestructura permitiría la liberación de 3 mil millones de pesos anuales que se ocuparían para subsidiar a la UV y al IPE así como para cubrir los pagos pendientes a proveedores, prestadores de servicios y contratistas, lo que con el cambio de administración se puso al descubierto que no se cumplió.

También se exponía que esta estrategia financiera permitiría el equilibrio de los ingresos, al tener más recursos a través de las participaciones federales, lo que además fortalecería la economía veracruzana.

Ahora, tres años después, según el Informe Complementario que en Materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera recién entregó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la LXV Legislatura del estado, al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares le  imputan haber incrementado en 359 millones de pesos el monto de la deuda a largo plazo, además de hacerle observaciones administrativas por 9 mil 164 millones de pesos, entre ellas un presunto daño patrimonial por 931.5 millones de pesos.

El ORFIS reportó que Yunes aumentó el plazo de pago, al pasar de un ponderado de 250.52 meses de los créditos vigentes a diciembre de 2016, a un ponderado de 272.73 meses de los nuevos financiamientos vigentes a diciembre 2017; lo que representa un total general de 22.7 años.

El gobierno yunista habría violado el Decreto Número 258 que  el Congreso local le aprobó para la reestructuración, así como lo dispuesto en el artículo 27, párrafo segundo, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, ya que además de la liquidación de algunos financiamientos incluyó cláusulas que establecían penalizaciones, generando costos para el Estado por 274 millones de pesos extras, detectándose también pagos duplicados por montos millonarios que derivaron en observaciones de daño patrimonial, entre otras anomalías.