Vaya predicamento en el que se debe encontrar el diputado federal xalapeño de Morena, Rafael Hernández Villalpando, ante la propuesta del presidente López Obrador de eliminar el examen de admisión para aspirantes a educación media y superior.

Y es que recuérdese que como rector de la Universidad Veracruzana, Hernández Villalpando fue el que decidió imponer el examen de admisión en la máxima casa de estudios del estado para terminar de tajo con los recomendados que en cada ciclo escolar lograban ingresar a la UV mediante influencias políticas aunque fueran pésimos estudiantes.

Para ello, el también ex subsecretario de Gobierno contó con el apoyo de su amigo, el entonces gobernador Dante Delgado Rannauro (1988-1992), quien ante las presiones de influyentes personajes que todavía buscaban acomodar en la UV a sus recomendados, el sustituto de Fernando Gutiérrez Barrios mejor optaba por ofrecerles becas en universidades de paga.

Hasta ahora, ante las intenciones del gobierno federal de eliminar el examen de admisión en las escuelas públicas de educación media superior y superior, el único que se ha pronunciado públicamente ha sido el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien afirmó que este requisito debe mantenerse, pues dijo que este año aspiraron ingresar más de medio millón de jóvenes a esta casa de estudios.

En el caso de la UV, el 26 de mayo pasado presentaron examen de admisión 45 mil 374 aspirantes, de los cuales sólo ingresaron 14 mil 416 estudiantes. Alrededor de 31 mil jóvenes debieron buscar otras opciones.

Graue, quien pretende reelegirse en la Rectoría, dijo que “sería imposible tener generaciones de medio millón” en la UNAM. “Yo creo que coincidimos con el gobierno federal en la necesidad de ampliar la matrícula de educación superior. En eso estamos todas las instituciones de educación superior”, externó el máximo jefe puma.

Sin embargo, tanto la UNAM como las demás universidades públicas del país enfrentan serios problemas financieros para recibir más estudiantes.

Hace una semana, precisamente, los miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) –con excepción de la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, quien viajaba por China– se reunieron con diputados federales para pugnar por un incremento presupuestal de 17 mil 230 millones de pesos para ajustarse en 2020 a los planes del gobierno federal de otorgar educación gratuita y obligatoria.

Empero, después de su visita a la Cámara de Diputados, los rectores de la ANUIES se reunieron con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes asumieron el compromiso de conseguirles al menos 3 mil 800 millones de pesos, casi 25 por ciento del monto que habían solicitado previamente a los legisladores.

De esta cifra, 1,300 millones serían para cubrir ingresos dignos a sus trabajadores, y los otros 2 mil 500 millones para el rubro U081 destinado a resolver problemas estructurales o para saneamiento financiero, según les habría planteado Héctor Garza, titular de la Unidad Administrativa de la SEP.