El viernes antepasado corrió el rumor de que habían girado orden de aprehensión contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, versión que resultó falsa.

Para terminar con los malos entendidos –no obstante que el periodista Ciro Gómez Leyva, conductor del noticiero nocturno de Imagen TV, ya había desmentido que las fiscalías federal y estatal pretendieran detenerlo–, Yunes difundió a la semana siguiente un par de fotografías, una en la que aparecía corriendo con su hijo Fernando, el alcalde porteño, y otra departiendo con dos de sus hermanos en un popular café veracruzano.

Abordado el miércoles pasado por los reporteros, Yunes, con una sonrisa nerviosa, se negó a hacer declaraciones pero dio a entender que en diciembre comenzaría a hablar. “Diez meses de prudencia, me voy a aguantar dos más”, respondió.

¿Qué pasará en los próximos sesenta días? Quién sabe, pero ese mismo miércoles, casualmente, Yunes recibió un aviso a través de Salvador García Soto, uno de los analistas políticos mejores informados de este sexenio.

El columnista de El Universal –quien el 5 de junio pasado dio la primicia sobre la investigación que por lavado de dinero le habían iniciado al ministro Eduardo Medina Mora, razón por la que el togado peñista acaba de renunciar a la Suprema Corte– publicó que “desde Palacio Nacional salió la orden de ayudar” a los gobernadores de Veracruz y Morelos, considerados como “una carga política negativa” para la 4T.

“En el caso de Veracruz –escribió García Soto–, además del envío de la Guardia Nacional y de los operativos federales, también se decidió desde Palacio Nacional, después de la masacre de Coatzacoalcos, armar una estrategia para ir directamente contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se le abrieron varias investigaciones en la Fiscalía General de la República por acciones irregulares en su breve administración, las cuales están avanzando y podrían generar pronto órdenes de aprehensión contra el exgobernador panista.

“Pero, para intentar la detención de Yunes, un político de colmillo retorcido, en la 4T no sólo arman a detalle los expedientes judiciales, sino que antes decidieron echar a andar una estrategia muy parecida a la que implementaron en el caso de los peñistas acusados de corrupción Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles, a los que antes de girarles órdenes de aprehensión, primero detuvieron al abogado Juan Collado, que sería el encargado de coordinar la defensa legal. Lo mismo hicieron en Veracruz para empezar la ‘cacería jurídica’ contra Miguel Ángel Yunes: primero destituyeron y acusaron al fiscal general del Estado, Jorge Winckler, que era el encargado de blindar jurídicamente al exgobernador y a todo su grupo político. Una vez removido el obstáculo del abogado defensor, que ya se encuentra prófugo y con orden de aprehensión, ahora sí procederán en cualquier momento contra el ‘intocable’ Yunes Linares.”

En otro texto publicado este sábado 5, García Soto reiteró que el expediente contra Yunes está “muy avanzado”.