El viernes pasado, luego de presidir la Reunión de Seguridad en el sur de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García informó en su cuenta de Twitter que en 15 días no se habían registrado delitos de alto impacto en Coatzacoalcos; que la incidencia delictiva había bajado en 20 por ciento; que habían logrado la aprehensión de generadores de violencia en la región, y que la Fiscalía General del Estado regional había sido renovada.

Los resultados obviamente generan cierta esperanza de que la inseguridad comience a disminuir en el sur veracruzano, pues la situación en Coatzacoalcos había hecho crisis con  la masacre de 31 personas en el bar “Caballo Blanco” a finales de agosto pasado.

Sin embargo, este fin de semana se registraron varios crímenes de alto impacto en la zona centro del estado, desde Martínez de la Torre hasta la región de Córdoba-Orizaba.

Uno de ellos fue la ejecución del ex coordinador de Seguridad Pública de Río Blanco, Jonathan Jesús Martínez García, quien recibió al menos 15 balazos a bordo de su automóvil.

Martínez se había desempeñado también como comandante de la Policía Municipal de Tezonapa, cerca de Córdoba.

Desde hace siete meses, ciudadanos de Río Blanco enviaron una carta al presidente López Obrador, al gobernador Cuitláhuac García y al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, urgiéndolos a que investigaran a la Policía Municipal, pues acusaban que el viernes 15 de marzo levantaron a Joaquín Armando González, cuyo  cadáver apareció dos días después en el municipio de Ixtaczoquitlán.

Acusaban que “los elementos que encabezan esta Policía Municipal se escudan bajo el uniforme para servir al cartel de Los Zetas”, y que el coordinador de Seguridad Pública, Jonathan Jesús Martínez García, y el primer comandante Adriel Enrique Flores, fueron los que ordenaron levantar al joven trabajador cuando caminaba rumbo a su domicilio.

Señalaban que “el encargado de ejecutar a los enemigos de Los Zetas es un tal ‘Gallo’” y pedían investigar las fosas en las inmediaciones de Los Arenales, municipio de Río Blanco, “donde el colectivo de la señora Araceli Salcedo ha encontrado más de 10 cuerpos…”

Expresaban que muchas familias “guardan silencio por miedo” y que en Río Blanco “no gobierna David Velázquez Ruano, pues está vigilado por este par de escorias que sirven a los intereses de ‘El Fabián’, ‘El Cancino’ y de Omar Escalona Morales, papá del ‘Cachorro’, estos personajes son quienes realmente gobiernan, pues la desaparición de personas, secuestros, extorsiones y demás porquerías que pasan en este municipio y zonas aledañas son de su autoría.”

Apuntaban también que Escalona Morales realiza reuniones de seguridad en el Ayuntamiento de Nogales, cuyo alcalde Guillermo Mejía Peralta “se encarga de darles la protección necesaria”, y que es quien alinea “a los alcaldes de esta zona centro para que apoyen a los Escalona y su podrido cartel.”

También pedían investigar a Enrique Hernández Ramos, encargado de la Policía Municipal de Nogales, señalado de “extorsionar” para Los Zetas.