No obstante que Delia González Cobos no cumplía cabalmente con todos los requisitos para ser designada auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) –pues aparte de no acreditar “una experiencia de, al menos, cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”, todavía hasta agosto pasado se venía desempeñando en la Sefiplan como Procuradora Fiscal, cuando la ley exige “no haber sido, durante el año previo al de su nombramiento, titular de dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado…”–, el Pleno de la LXV Legislatura local decidió elegirla casi por unanimidad para encabezar el ente autónomo fiscalizador de Veracruz durante los próximos siete años.

La nueva titular del ORFIS, como ya se sabe, obtuvo 48 votos a favor y solamente hubo dos abstenciones. Ninguno de los 50 diputados se manifestó en contra, pese a la confrontación que desde hacía tres semanas mantenían los líderes y legisladores locales del PAN por la polémica destitución del fiscal Jorge Winckler, conflicto que inclusive había escalado hasta el Senado de la República, donde finalmente este martes 8 fue desechada la solicitud de la bancada de Acción Nacional para separar al gobernador Cuitláhuac García de su cargo y desaparecer los Poderes del estado.

Varios analistas quedaron realmente sorprendidos por la forma en que ahora sí los presuntos operadores políticos y legislativos de Palacio de Gobierno se habían aplicado y maniobrado para sacar sin ningún problema la designación de González Cobos.

“¿Qué fue entonces lo que ahora les dieron, dijeron o prometieron a los diputados del PAN, PRD e independientes que a principios de febrero de este año echaron abajo el juicio político que desde entonces los gobernantes y legisladores de MORENA pretendían iniciarle a Winckler para sacarlo de la FGE?”, preguntamos también, advirtiendo que más temprano que tarde se sabría, aunque ya adelantábamos desde ese mismo jueves 26 de septiembre que había empezado a trascender “que a unos les habrían concedido para sus recomendados posiciones en la Fiscalía, a otros posiblemente les ofrecerán puestos en el ORFIS para sus allegados, a unos más les entregarán obras para los municipios de sus distritos por los que se pretenden postular para las elecciones locales del 2021, y a uno que otro u otra diputada que lo pudiera necesitar le asegurarán impunidad”.

Ahora ha quedado al descubierto también que los grupos políticos representados en el Congreso local igualmente obtendrán su cuota en la designación de las 13 magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Pero la gran sorpresa es que esta exitosa operación no la hizo el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ni el diputado Javier Gómez Cazarín, presidente de la JUCOPO, ni el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura local, sino una persona seria, con credibilidad y muy cercana al gobernador Cuitláhuac García: el maestro Atanasio García Durán, sin cartera oficial en el gabinete de su hijo.