Viral se ha convertido en las redes sociales el documento donde señala la culpabilidad del Secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado en la fuga de información que la PGR investiga.

Al rendir sus primeras declaraciones como indiciado, el director de Catastro del Gobierno del Estado, Domingo Yorio Saqui, señala que: “yo solo informé al doctor Flavino Ríos de las acciones de la PGR cuando llegaron por primera vez a mi oficina a solicitar información sobre 69 personas, entre ellos amigos, familiares, personas ligadas al gobernador y funcionarios del gobierno”.

“Solo entregaron a los medios los datos relativos a los Yunes, dejando fuera los de Javier Duarte, de ahí la percepción de que nos negábamos a aportar datos al catastro y valuación de bienes patrimoniales de Boca del Río. Por ello Miguel Ángel Yunes Márquez, de inmediato respondería con documentos la legalidad de sus acciones a lo que tuvimos que decir que no teníamos la actualización de nuestro padrón”.

“Eso se lo dije al doctor Flavino Ríos”, se defiende Yorio

Yorio reporta el incidente a la misma oficina de Flavino, dándole instrucciones de que se trasladaran a Finanzas donde “tendrán todas las facilidades”, cosa que no sucede, ya que en Sefiplan les señalan que la información de las 41 personas restantes que reclama la PGR “no existen; simplemente no están en nuestra base de datos”.

Finalmente el miércoles 21 de septiembre se pasa de la denuncia pública a los hechos cuando un centenar de policías federales armados toman Palacio de Gobierno y la Oficina de Catastro, someten a interrogatorio a Flavino Ríos e invitan a Yorio a la ciudad de México a la PGR en calidad de indiciado.

Ello da lugar a que, de nueva cuenta, Flavino trate de sesgar la información al declarar a la prensa, luego del interrogatorio al que fue sometido, que las autoridades ministeriales se presentaron a investigar los bienes ilícitos pero de Miguel Ángel Yunes Linares ¿a Palacio?..

Queda al descubierto el juego perverso de Flavino, a quien también persiguen las autoridades por violentar y filtrar carpetas de la PGR, lo cual daría lugar a un juicio donde podría ir a la cárcel de dos a siete años y quedar impedido de ser el gobernador sustituto tal como es su pretensión.

Ello sin contar que ya empezaron a filtrarse desde la ciudad de México historias de sus ilícitos, bienes y propiedades tanto de él como de su familia.