Cada detenido-desaparecido es motivo de indignación y una razón para luchar, y este 25 de mayo se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes en el 2007 fueron detenidos por policías estatales y federales en el estado de Oaxaca, y de los que hoy se pide su presentación con vida y juicio y castigo a los responsables, señalaron integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Durante un mitin realizando en el parque Apolinar Castillo el mediodía de este lunes, Ignacio Carrera dio lectura a un comunicado haciendo mención que a lo largo de estos años, los abogados, familiares y organizaciones populares y de derechos humanos, intelectuales y personalidades que han apoyado en este caso, han demostrado mediante la vía jurídica y política que este crimen fue cometido por los tres niveles de gobierno.

“Este hecho quedó demostrado en la recomendación 07/2009 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese año y de manera reciente en la resolución judicial 29/2014 del noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que ordenó que todas las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo interpuesto contra la desaparición forzada de los dos luchadores sociales, se trasladen a los lugares de posible detención y realicen la búsqueda de ambos”, señaló.

Dicha resolución también determina que se tome comparecencia a los funcionarios de la PGR, estatales o mandos militares que hubiesen estado en funciones en 2007, a fin de que declaren en relación a los hechos, y también que se informe sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pidieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizare diligencias de identificación forense.

Sin embargo, destacó, a dos años de que se emitió esa resolución, no se ha dado cumplimiento al mandamiento judicial, lo cual demuestra la inexistencia de un estado de derecho en México, ante lo cual la población entera se encuentra en estado de indefensión y la única arma que queda es la denuncia pública y ante organismos internacionales.