La presidenta Dilma Rousseff, la primera mujer en alcanzar la jefatura de Estado en Brasil, será sometida a un proceso de juicio político por adulteración de las cuentas públicas que puede derribarla de su cargo.

Tras meses de rumores y amenazas, el presidente de la Cámara de Diputados y archienemigo de Rousseff, el poderoso legislador evangélico Eduardo Cunha, aceptó ayer un pedido de juicio político contra la mandataria de 67 años.

El paso inicial para un eventual juicio político a la presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por un 10 por ciento de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento.

A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931.


Análisis


El parecer de Cunha, investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras, deberá ahora ser analizado por una comisión de diputados en un primer paso, luego por el plenario de la Cámara y, si es aprobado por una amplia mayoría, el Senado será el encargado de juzgar a Rousseff.

“Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar” el pedido de impeachment, dijo Cunha a periodistas.

Si 342 del total de 513 diputados apoyan la consecución del proceso, Rousseff podría ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado.

Luego, son necesarios dos tercios de la cámara alta (54 de 81) para que pierda su mandato y sea sustituida por su vicepresidente, Michel Temer (PMDB, centro), hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018.

Por su parte, Rousseff dijo que está convencida de la improcedencia del pedido de juicio político en su contra por adulteración de cuentas públicas que fue aceptado por el jefe de la Cámara de Diputados.

“Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de ese pedido, así como de su justo archivo. No podemos dejar que conveniencias e intereses indefendibles debiliten la democracia y la estabilidad de nuestro país”, señaló en un breve discurso a la nación.

“Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan este pedido. No existe ningún acto ilícito practicado por mí. No hay contra mí ninguna sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas en el exterior ni oculté al conocimiento público la existencia de bienes personales”, dijo.