A partir del viernes 4 de diciembre el periodismo mexicano estará sujeto a demandas civiles y por daño moral por parte de políticos, empresas y cualquier persona o entidad que considere que se publicó “información inexacta o falsa” sobre ellos, de acuerdo a lo publicado por Proceso.

Ese día entra en vigor la ley del derecho de réplica, que prevé juicios sumarios que a la larga pueden derivar en millonarias multas y costosos litigios para los medios de información, no sólo por violaciones al derecho de réplica, sino por daño moral. Los periodistas estarán exentos de juicios y sanciones cuando publiquen información oficial.

El alcance de la norma va más allá de los meros datos o informaciones; abarca también la crítica periodística. Y refiere particularmente como víctimas de agravios a “partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular”, publicó Proceso.

El miércoles 4, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la Ley Reglamentaria del artículo Sexto de la Constitución en materia del Derecho de Réplica, que establece los términos, procedimientos y sanciones bajo los cuales quedarán sometidos los periodistas y todo aquel que difunda información por violación a esa ley reglamentaria, informó Proceso.


CON INFORMACIÓN DE PROCESO

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