Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron ayer su propuesta para la Ley General de Responsabilidades en la que dejan a consideración de los funcionarios incluir montos y detalles en su declaración patrimonial.

El documento firmado por el priista Raúl Cervantes y Pablo Escudero Morales, del PVEM, incluye cinco de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) e incorpora la palabra “podrá” con respecto a los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenido de la declaración patrimonial de funcionarios, sus cónyuges y dependientes económicos directos.

“Sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”, señala la propuesta de redacción del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, con lo que da libertad a los funcionarios públicos de detallar o no su declaración patrimonial, dejando fuera la iniciativa ciudadana “3 de 3” que exige elementos necesarios de fiscalización y castigo a funcionarios corruptos.

La Ley 3 de 3 propone definir claramente la corrupción a partir de 10 tipos de conductas ilegales: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

El movimiento que promueve la iniciativa pide rediseñar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sancionar a particulares por hechos de corrupción.

Además, exige que sean obligatorias las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales para todo funcionario, de forma periódica y pública; directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos; un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.

El 6 de abril, integrantes de asociaciones civiles entregaron al Senado de la República 634 mil 143 firmas que exigen “un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y, en suma, combatir de frente la crisis nacional de corrupción”.