La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció en días pasados que denunciará y exhibirá las irregularidades en el Congreso de la Unión por frenar la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción respaldada por 600 mil firmas de ciudadanos a nivel nacional.

“Si los políticos no quieren comprometerse a la transparencia y la rendición de cuentas, que asuman las consecuencias en las urnas (...) La comunidad internacional sabrá lo que están haciendo los legisladores con el País”, expuso Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex.

El líder empresarial señaló que la clase política de México, en lugar de sensibilizarse ante los problemas de inseguridad, injusticia, corrupción y pobreza, prefieren beneficiarse de manera ilegítima de los recursos públicos. De Hoyos Walther sostuvo que a través de los 65 centros empresariales y las más de 36 mil empresas socias a nivel nacional, difundirán las anomalías cometidas por los diferentes grupos legislativos.

Los integrantes de la Coparmex acudirán de manera directa y contundente ante el Comité Anticorrupción (Anti-Bribery and Corruption Group) del BIAC (Business and Industry Advisory Committee) y ante la OCDE, en la Conferencia Ministerial de la próxima semana. Asimismo, emitirán una postura en el Foro Empresarial Iberoamericano Anticorrupción el 17 y 18 de agosto en la Ciudad de México, ante el Consejo Empresarial Iberoamericano y otros organismos.

Está en una balanza

El PRI y el PVEM concluyeron en abril su documento de trabajo que incluye cinco de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, en las que quedó fuera la iniciativa ciudadana para que servidores hagan públicas su declaración patrimonial, de probable conflicto de interés y de impuestos.

Los senadores Raúl Cervantes y Pablo Escudero completaron los documentos sobre Ley general del SNA, Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así reformas Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y cambios a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y de Coordinación Fiscal.

En la Ley de Responsabilidades de los Servidores se establece que el funcionario que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial, de probable conflicto de interés y fiscal.

Es decir, se queda como la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se establece que las Secretarías y los Órganos Internos de control deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos, y de existir “anomalías” iniciar una investigación.

En el caso de faltas administrativas graves se impondrán sanciones que van desde la suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución; Sanción económica, e inhabilitación temporal.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de 10 a 20 años si excede de dicho límite.

Los desacuerdos

El último día de sesiones en la Cámara Alta, el Senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción, presentó las propuestas del PRI y el PVEM para aprobar el SNA.

Desde entonces, el 28 de abril, los partidos de oposición vieron en la llegada de la propuesta oficial un “achicamiento” las presentadas originalmente para castigar actos corruptos. Tanto el PRD, como el PAN tienen contemplada la aprobación de dos leyes ausentes en la propuesta del partido oficial: la Fiscalía Anticorrupción y Reformas al Código Penal Federal. Ambas evitarían que los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves se escapen de recibir penas de cárcel, en lugar de sanciones económicas e inhabilitación de sus cargos. El proceso de consensos ha sido especialmente difícil en la expedición de las leyes reglamentarias derivadas de la reforma constitucional en el combate a la corrupción.