La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé declarar discriminatorios los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal (CPF), por considerar que criminalizan a las mujeres al negarles el derecho al aborto legal cuando su salud corre peligro.

El próximo miércoles 29 de junio, la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea discutirán el amparo.

El amparo lo presentó Margarita P., una mujer de 41 años de edad y derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a quien el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre le negó la interrupción de su embarazo, a pesar de que le podía causar complicaciones diabéticas e hipertensivas, que podían derivar en su muerte.

Los médicos del ISSSTE le informaron que su gestación era considerada de alto riesgo pues, meses antes, se había sometido a un bypass gástrico (cirugía para el tratamiento de la obesidad mórbida), tenía una edad avanzada, y presentaba un problema de sobrepeso.

Ante el riesgo a su salud, la mujer solicitó a los médicos que interrumpieran su embarazo, pero ante las negativas, el 6 de noviembre de 2013 hizo una solicitud por escrito anexando la opinión técnica de un especialista en Ginecología y Obstetricia.

El 7 de noviembre de 2013 el ISSSTE respondió a la solicitud negando el aborto con el argumento de que el producto del embarazo podría ser autosuficiente, pese a padecer Síndrome de Klinefelte (que no le permitiría desarrollar genitales).

Es decir, las autoridades del hospital tomaron en cuenta el estado del feto y no consideraron la salud de la mujer. Al ver los obstáculos, Margarita P. decidió interrumpir la gestación en una clínica privada de esta ciudad, ya que en la capital del país desde 2007 el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación.