El presidente estatal de Comunidades Seguras, Jeremías Zúñiga Lozano dijo que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, debe exigir que la PGR no vaya aplicar la Ley de Extinción de Dominio en los bienes inmuebles que se vayan incautando al ex gobernador y prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa.

En entrevista indicó que, de ser así, dichas propiedades serán subastadas y el recurso no será para las arcas estatales de Veracruz, sino para la PGR, Ejército y Policía Federal.

Consideró como una “buena señal” lo que hizo la PGR de recuperar 421 millones de pesos y enviar una parte al estado de Veracruz, por ello sería muy bueno que se aplique el mismo criterio a todos los bienes inmuebles que se vayan recuperando y ese recursos retorne a las arcas estatales.

Puntualizó que ojalá la PGR no vaya a aplicar la Ley de Extinción de Dominio pues de lo contrario ocurriría, que la federación a través del Sistemas de Bienes Asegurados remate los inmuebles y por medio de un catálogo que está en la citada Ley se repartan los recursos entre la PGR, el Ejército y la Policía Federal, ya que en ningún lado aparece resarcir a los estados que hayan sido defraudados.

“Tan es así que una Senadora ya presentó una iniciativa de ley para modificar la Ley de Extinción de Dominio, pero hay que tener presente que la ley no aplica con retroactividad, por tanto, no nos beneficiaría.

“Pero si sigue prevaleciendo este criterio que hoy sentó precedente por parte de la PGR, ese tipo de bienes daría pauta a que se aplique la reparación del daño que no se aplica la Ley de Extinción de Dominio y por tanto los veracruzanos recuperen parte de su patrimonio y no sean rematados donde pierden el 50% de su valor real y sean comprados por terceros”, comentó.

Zúñiga Lozano -consideró- que todo el dinero recuperado debe ser aplicado a reactivar la micro, pequeña y mediana economía del Estado.

“El sólo hecho de garantizar el pago de su salario, aguinaldos y demás prestaciones de ley a la burocracia de Veracruz que son más de 300 mil, tan sólo 180 mil profesores tendrían como consecuencia la reactivación de la economía, porque la certeza del ingreso en la población provoca el gasto”, dijo.

Otro tema refirió son los 35 mil millones de pesos que la federación puede gestionar un crédito por ese monto del cual están denunciados algunos servidores públicos, “con ese recurso se garantizan las nóminas que son entre 8 y 10 mil millones de pesos que es enero y diciembre, se podría pagar a todos los empresarios que sí hicieron obra y que están parados, pues reactivaría la economía.

“Se concluirían obras hospitalarias como la Torre Pediátrica, carreteras, todo esto reactivaría pues el sector de la construcción contrataría trabajadores y generaría movilidad económica”, concluyó.