La pretendida norma prevé la creación de un sistema nacional de búsqueda, en el que participen autoridades, familiares de las víctimas y grupos de la sociedad civil, informó La Jornada.

Igualmente se propone elevar las penas (hasta 100 años de cárcel) para los culpables de estos delitos y sanciones máximas para los responsables de, por ejemplo, destruir o enterrar cuerpos en fosas clandestinas.

También se prevé formar unidades especializadas de búsqueda a escalas federal y estatal, las cuales deberán operar con base en protocolos especializados, según cada circunstancia, y mantener a los familiares informados respecto de las acciones realizadas, comenta La Jornada.

Además, se generaría un solo registro de desaparecidos y se pondrían en operación procedimientos de búsqueda apegados a estándares internacionales. En este último punto se incluye la habilitación de un número telefónico para reportar las emergencias.

En el caso de desaparición forzada (cometida por servidores públicos), se impone la no prescripción del delito, así como mayor rigor para los responsables, quienes no podrán gozar de libertad preparatoria, reducción de penas o algún beneficio similar.

De acuerdo a La Jornada, en aquellas desapariciones cometidas por particulares, se propone sanción para quienes participen directa o indirectamente en la privación de la libertad y/o en el ocultamiento de restos biológicos.

Las penas para quienes participen en el delito serían de entre 40 y 90 años de prisión, mientras que en la desaparición forzada se prevé imponer sentencias de 50 a 100 años de cárcel, según los agravantes, como son que la víctima pertenezca a un grupo socialmente vulnerable, o se incinere, sepulte o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la víctima.

Hay además sanciones para los servidores públicos que obstaculicen la búsqueda.

Actualmente hay un histórico de 26 mil 599 expedientes de personas no localizadas. La mayoría, 25 mil 918, son del fuero común, es decir, investigaciones a cargo de autoridades locales. La entidad con más casos es Tamaulipas, con 5 mil 411.

Del fuero federal, responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), son 681 casos. En este punto sobresale Guerrero, con 194.

Sin embargo, de 755 expedientes no se sabe siquiera el año en que fue reportada la persona extraviada o desaparecida; hay 234 reportes anteriores a 2007, mientras que en lo que va del actual sexenio se acumulan casi 12 mil casos de personas no localizadas, menciona La Jornada.

El anteproyecto de la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, integrado por 144 artículos, ordena la coordinación de los tres niveles de gobierno, y garantiza las medidas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral del daño a las víctimas.

Con información de
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/04/politica/003n1pol