Los seis aspirantes a ocupar las dos vacantes en la Suprema Corte de Justicia comparecieron este martes ante el pleno del Senado, y la mayoría coincidió en que la tarea principal es verificar el total respeto a los derechos humanos. Uno de los candidatos, el actual procurador de Justicia del estado de México, Alejandro Jaime González Sánchez, defendió en tribuna la actuación de la dependencia a su cargo en el caso de Tlatlaya

De acuerdo a lo publicado por La Jornada, sostuvo que de acuerdo con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “presumiblemente fue el Ejército” los que manipularon la escena de los hechos –donde se ejecutó extrajudicialmente a 22 personas, el 30 de junio del 2014- y no la Procuraduría General de Justicia del estado de México.

Sostuvo las posibles omisiones, deficiencias o insuficiencias del personal de esa procuraduría sobre los hechos de Tlatlaya derivaron de la complejidad del caso, la circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento”. Se declaró idóneo para el cargo, ya que, sostuvo, en su actuación en esa dependencia y como abogado del Estado, ha actuado “como valladar frente a actos que pretenden vulnerar los derechos de las personas”.

Por su parte, el otro integrante de esa terna de abogados del Estado, el ex procurador fiscal, Javier Laynez Poitisek, defendió también su larga carrera en el sector público y pidió que se le juzgue no por los años que ha trabajado en el gobierno federal, sino por las decisiones que ha tomado. Pidió a los senadores verificar si alguna decisión o resolución no se ajustó a la ley.

Aludió también a los retos que enfrentarán los dos nuevos ministros, ante las nuevas responsabilidades de la Suprema Corte, tanto en las acciones de inconstitucionalidad como en las controversias que ahora pueden interponer las nuevas autonomías, como el INAI y la CNDH.

El otro integrante de esa terna, Alvaro Castro, aludió a su “indeclinable vocación de servicio”, se declaró “firme combatiente de la corrupción”, declaró que no tiene ningún conflicto de interés” y se comprometió a actuar en todo momento con probidad, sensibilidad y a garantizar la justicia.

Por lo que toca a la terna de mujeres, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández definió ante el pleno que un ministro de la Suprema Corte debe ser independiente para resistir a rodas las presiones, imparcial para no estar sesgado hacia ninguna de las partes, no comprometerse con los grupos de interés y velar siempre por los derechos humanos.

Con 27 años de trayectoria en el Poder Judicial, advirtió que la tarea más importante de un ministro de la Suprema Corte implica proteger la democracia, no sólo en el sentido formal, sino en la protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.

Sin la protección de los derechos humanos, no puede haber democracia.

Considerada como la favorita en la primera terna, la magistrada Piña Hernández habló poco de su amplia trayectoria, se centró en su concepto de la justicia. Para un juez constitucional, resaltó, juzgar “no es meramente un trabajo, sino una forma de vida”, que no busca la publicidad ni emitir resoluciones conforme a lo que la mayoría quiere, sino buscar la verdad”.

Agregó que la justicia no es resolver los conflictos “atendiendo a los caprichos temporales de una época, sino atendiendo a los valores y principios que la Constitución consagra”.

Con información de La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/11/24/la-tarea-principal-es-verificar-pleno-respeto-a-dh-coinciden-aspirantes-a-la-corte-5206.html