Como una burla por parte de las autoridades del estado y educativas y una total falta de respeto de la presidenta de la Comisión Estatal de Padres de Familia calificaron maestros de la zona los señalamientos que se han hecho en torno a que los docentes que se manifestaban en contra de la evaluación al gremio fueron “justamente” reprimidos.

Lo anterior fue plasmado por parte de docentes de la zona en un documento en el que dieron a conocer tanto sus postura como las agresiones y vejaciones de que fueron objeto, incluso las maestras, en un día en el que “hipócritamente” las autoridades hablaban sobre la no violencia a la mujer mientras las maestras eran golpeadas por elementos de la Fuerza Civil y otros cuerpos de seguridad.

Este documento, que ha comenzado a circular entre padres de familia de escuelas de la zona para pedir el apoyo y respaldo mediante la firma y así hacerlo llegar a las autoridades, busca expresar la inconformidad que prevalece en el gremio.

“Maestros que fuimos a presentar la evaluación a Xalapa fuimos testigos de cómo golpeaban a nuestros compañeros sin que hicieran nada, porque no hubo nadie que estuviera impidiendo el acceso, sólo se estaban manifestando de manera pacífica contra una medida que nos perjudica en nuestros derechos laborales, cuando fueron salvajemente agredidos”, expusieron los docentes.

Relataron que elementos que montaban caballos agarraron a tubazos a los maestros, y hubo uno que fue golpeado en la cara y mientras estaba en el piso con la cara chorreándole de sangre lo seguían golpeando, mientras él gritaba a los demás dónde estaba su esposa.

Esta situación, expusieron, se ha buscado ocultar en los medios, encontrando la colaboración de muchos de ellos, así como de otros personajes serviles, seguramente a cambio de algo.

Pero los malos tratos no culminaron ahí, refirieron, pues los que presentaron el examen fueron agredidos, objeto de burlas y amenazados.

“Somos maestros, formamos personas y no meremos ese mal trato, que sólo obedece a la lucha de intereses de algunos y me doy cuenta que hemos pedido el valor de decir no y ya basta, ante estos actos”, precisó uno de los mentores.

Los docentes exigen en el documento que la evaluación sea formativa, que en las sedes de la misma no haya presencia de elementos de seguridad pública y que no impliquen el desplazamiento de más de 30 kilómetros de su residencia, además de que se cuente con la presencia de personal de las comisiones estatales y nacional de Derechos Humanos.