La corrupción es un mal que amenaza los derechos humanos, a las instituciones democráticas y las libertades fundamentales; afectando severamente la credibilidad y legitimidad de los gobiernos; impidiendo que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar de la sociedad.

El fenomeno de la corrupción genera altos costos económicos que se traducen en la ineficiencia e ineficacia de las políticas públicas; pues estas conductas erosionan el entramado social, debilitando el desempeño gubernamental y evitando la estabilidad en las instituciones democráticas.

Es por ello, que la prevención y el combate contra la corrupción, es una prioridad en las diferentes instancias y órdenes de gobierno; pues este lastre es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los gobiernos democráticos.


Esta lucha es responsabilidad de todos; y con el apoyo y la participación activa de la sociedad civil, debemos hacer frente a este flagelo que tanto daña y lacera no solo a nuestro Estado, sino a nuestro País.



Según cifras oficiales, en 2014 el Índice de Percepción de la Corrupción de la Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 35, en una escala de 0 a 100, practicamente la misma que hace 20 años. Ubicándose nuestro país en el lugar 103 de 175 naciones.


No solo es penoso, es inaceptable que sigamos estancados en la opacidad; en la insatisfacción social; pero sobre todo, en la desconfianza que se tiene de las autoridades, por parte de la ciudadanía.


Compañeros Diputados, no podemos postergar cimentar en Veracruz, las bases sólidas del respeto al Estado de Derecho, y que fomenten gobiernos transparentes que rindan cuentas de su gestión a la ciudadanía.

En la agenda legislativa, una prioridad es reducir los espacios de discrecionalidad que hacen posible que se lleven a cabo prácticas corruptas.

El pasado 27 de mayo, se promulgó la Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción; donde se establecieron las bases para que los servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción, sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.

Esta reforma contra la impunidad, para alcanzar el mayor grado de eficacia, requiere de una armonización jurídica por parte de las entidades federativas.

No podemos quedarnos rezagados, ni estar atrincherados en esta lucha contra la corrupción que nos lastima a todos.


Debemos hacer frente; y sumarnos para erradicar el terreno de la opacidad, que sólo abona a que se sigan incurriendo en conductas que contravienen al Estado de derecho.

En este contexto, compañeros Diputados, los exhorto a que asumamos responsablemente nuestra función encomendada, y que velemos apoyando esta iniciativa, para que los servidores públicos se apeguen a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a favor de los veracruzanos.


Con esta iniciativa, se traza el camino correcto, en aras de construir una nueva cultura en pro de la transparencia, rendición de cuentas y honestidad, de quienes tenemos el alto honor de servir a Veracruz.

Al eliminar el fuero, a la investidura del titular del gobierno del Estado; a sus Secretarios de Despacho; a los Presidentes Municipales y Síndicos; así como a los Representantes de Organismos Autónomos; se fortalece el Estado de Derecho; y se dota a la ciudadanía de certeza de que ninguno de estos funcionarios se encuentran protegidos por inmunidad alguna, y que pueden ser sometidos a juicio de manera inmediata, como cualquier otro ciudadano.

Con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción; el Comité Coordinador Anticorrupción; y la Fiscalía especializada en combate a la corrupción; se armoniza nuestro sistema normativo y andamiaje institucional, con la normativa Constitucional Federal.

Por cuanto al nombramiento del contralor, y la aprobación del mismo por parte del Congreso del Estado; se afianza la obligación del Gobierno del Estado, para cumplir como sujeto al escrutinio puntual de la sociedad, hecho vanguardista para responder a la exigencia de la transparencia y la aplicación expedita y oportuna de la ley.

El ciudadano debe tener garantizado su derecho constitucional a exigir de sus servidores, el debido cumplimiento de las funciones que le fueron confiadas en beneficio del interés público.


Insisto, apoyemos esta iniciativa, pues estoy convencido de que solo haciendo frente común contra la corrupción, ganaremos una mayor confianza ciudadana.


Sé que es nos falta mucho, pero es un paso muy importante para nuestra entidad, y con ese impulso transformador que ha caracterizado a esta legislatura; Veracruz seguira siendo referente a nivel nacional en la toma de decisiones para el bienestar social.


Muchas Gracias.