El coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata Chávez, señaló que el caso de las empresas “fantasma” evidenciado por el medio informativo Animal Político demuestra que en la administración estatal existe “crimen organizado”.

“Ninguna autoridad que pudo haber detectado la existencia de un fraude lo hizo, eso quiero decir que las autoridades están actuando indebidamente y que no hacen su trabajo, que hay ineficiencia y corrupción.

“Cuando uno piensa en que se pueden construir estas redes de complicidad, estamos hablando de una organización criminal dentro del gobierno; hay crimen organizado dentro del gobierno y los especialistas de un modelo de negocios de la corrupción”, declaró el académico.

Cabe señalar que según información publicada por dicho medio, mediante empresas “fantasma” el gobierno de Javier Duarte habría desviado 645 millones de pesos.

Esto sin que ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) o la Contraloría General del Estado, lo detectasen.

Expuso que al menos el SAT, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debía verificar a dichas empresas, ya que es inexplicable que las haya registrado como causantes y no hubiese revisado los domicilios fiscales, lo que es un delito de los propietarios de esas compañías y otra omisión de las autoridades.

En ese sentido, Barcelata Chávez rechazó que con lo anterior se pueda exculpar al Orfis, o a las autoridades estatales encargadas de revisar el gasto de los recursos públicos, de ahí que es un hecho que existe “crimen organizado” al interior del gobierno estatal.

El académico observó que no son las primeras empresas de este tipo al interior de una administración estatal, ya que en el sexenio anterior de Fidel Herrera Beltrán se crearon empresas “fantasma”, sobre todo en el ámbito de la construcción, que ganaban los concursos de obra pública y luego subcontrataban a otras empresas.

El académico de la UV insistió en que hay omisión por parte de una estructura amplia de funcionarios públicos quienes tienen que ser sancionados, desde quien participa en la constitución de una empresa, la Contraloría que no revisa y el ORFIS que lo pasa por alto junto con la ASF.

“El Contralor Ricardo García Guzmán y el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, quienes fueron a defender que no existía nada en un medio nacional, ellos no son los responsables directos pero fueron a decir que todo estaba en orden”, lamentó.