Es un hecho que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no podrá utilizar el impuesto del 3 por ciento a la nómina para el pago de deuda pública, lo que facilitará que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares eche atrás dicho proyecto avalado por la mayoría del PRI en la actual Legislatura.

Lo anterior lo señaló el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien incluso opinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a dejar en ridículo a los diputados del PRI y al gobierno estatal.

Esto luego de que la SCJN determinó suspender el uso de ese impuesto para el pago de deuda pública, ya que originalmente dicho gravamen se tenía que utilizar para realizar infraestructura pública en los municipios, lo que vulneraría sus intereses.

El legislador del partido albiazul explicó que bastó con la negativa de 5 municipios del PAN y dos del PRD para suspender el uso de ese impuesto para el pago de deuda, lo que demuestra que la iniciativa planteada por el gobernador del Estado y aprobada por el PRI y partidos aliados va en contra de la Constitución.

Detalló que además de Boca del Río se opusieron los municipios de Tantoyuca, La Antigua, Xico, Apazapan, Medellín, Córdoba, lo que se suma a la acción de inconstitucionalidad que presentaron en este tema algunos diputados del PAN, PRD-MC, PANAL y PVEM a la Suprema Corte, la cual ya fue recibida y está siendo analizada.

“Es un hecho que la presente administración no va a poder implementar el dinero para pagar deuda pública (…); a esto se suma la acción de inconstitucionalidad, por lo que la revisión tardará entre 6 y 8 meses. Así el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares podría dejar sin materia esta reforma rápidamente”, planteó.

Guzmán Avilés recordó que la SCJN anteriormente no ha dejado que procedan “los caprichos” de Duarte de Ocho, tal es el caso de la Ley del IPE y ahora con el impuesto a la nómina, estando pendiente de revisar la acción de inconstitucionalidad en contra de la basificación de 7 mil 800 burócratas, también avalada por la mayoría.