El investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (IIHS) Manuel Reyna Muñoz, consideró que para los priistas el que le hayan suspendido los derechos políticos partidistas al gobernador Javier Duarte de Ochoa, debe ser preocupante debido a que no es un militante cualquiera; sin embargo, que este hecho es intrascendente para el resto de la población.

En entrevista vía telefónica mencionó que para el sector de los veracruzanos priista, que no representa la mayoría, es en el mejor de los casos, el principio de algo incierto, esto en tanto no exista la justicia en contra de un gobernador como Javier Duarte, sobre quien pesan sendas denuncias por actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.

“Este suceso es poco trascendente, porque están a la espera que se haga un juicio, un juicio verdadero sin inclinación de la ley en contra de un gobernante que ha violado la norma, la ley y ha dispuesto recursos de la federación y que no han tenido el destino que llegaron”, opinó.

Comentó que este fenómeno tiene distintos ángulos y puntos de vista, una vez que hay algunos que señalan que esto es una “cortina de humo” para evadir la responsabilidad de un gobernante y de una persona que ha violado la ley, por lo que no pasará nada.

Para los militantes del partido quienes verdaderamente están identificados con el PRI, es preocupante que le quiten los derechos a uno de sus miembros que llegó a ser gobernador, ya que no es un militante cualquiera.

El especialista en Sociología, Ciencias Políticas y Sociales por parte de la UNAM, mencionó que no tan solo es el caso del mandatario veracruzano, sino también existen otros priistas que están en la misma situación, tal es el caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y el de Chihuahua César Duarte Jaques.

“Esto a lo mejor es un acto para tapar otros, pero también ojalá sea el principio y el poder judicial en este país, deje de estar al servicio del poder ejecutivo y ejerza su función como cualquier poder judicial donde prevalece el estado de derecho”, comentó.

Reyna Muñoz dijo que existen personas que consideran que esto no pasará solo de la suspensión temporal de sus derechos, por lo que espera que el final sea ejemplar, pero sobre todo que no dañe a la entidad veracruzana.

Opinó que es posible que lo ocurrido al gobernador Duarte de Ochoa, pueda ser un daño colateral para legitimar el último tramo de la administración priista de Enrique Peña Nieto, por lo que deberían rodar otras cabezas de altos funcionarios.

Dijo que este es el momento para que otros gobernadores y funcionarios de todos los niveles sean llamados por la justicia: “que no nos vayan a hacer como otras tantas veces que con mandar a un gobernador se calman otros asuntos”.

Insistió que es por ello que la ciudadanía tiene la percepción -con sobrada razón- que esto no va a pasar a mayores.

Para finalizar manifestó que esta situación sirve para abonar que el PRI no siga en el desprestigio en un sector de la población nacional, por parte de los gobernadores emanados del tricolor, puesto que son varios los señalados.

“No es fácil encarcelar a un funcionario público, se necesita organizar un expediente muy preciso y en ocasiones la ley está diseñada para evadir responsabilidades. No es fácil, sin embargo, en el caso de Duarte de Ochoa hay evidencias de enriquecimiento ilícito es la causal para que ejerzan una causal fuerte de la justicia y que ésta se aplique”, concluyó.