El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) José de Jesús Mancha Alarcón indicó en rueda de prensa que todos los ex funcionarios y empresas fantasma que contribuyeron de algún modo al desfalco que padece el estado, deben ser jurídicamente procesados.

"Es importante que el gobierno del estado ahonde en las indagatorias y se responsabilice a quienes desde una empresa de comunicación, constructoras, proveedoras de despensas o de cualquier otro tipo, cobraron enormes cantidades de dinero que no correspondieron al servicio prestado, la obra realizada, o realizaron un acto de simulación".

Mancha Alarcón enfatizó que lo ocurrido con esas empresas, constituye un ilícito, un fraude que debe ser sancionado. Asimismo, agregó, debe investigarse el caso de los aviadores en el servicio público.

"El gobierno del estado debe buscarlos, fincarles responsabilidades y obligarles a devolver el dinero cobrado indebidamente".

Y es que el tema de las empresas fantasmas, así como el beneficio para compañías de familiares o amigos de funcionarios de gobierno, ha sido uno de los grandes escándalos del estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Se trata de todo tipo de empresas, incluyendo medios de comunicación creados por funcionarios públicos, así como constructoras y hasta verificentros.

En ese sentido, en fecha reciente el medio de comunicación digital Animal Político, reveló que "la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en su delegación de Veracruz, ha beneficiado a familiares de una funcionaria de la dependencia, Shariffe Osman Flores, a través de una red de empresas constructoras a las que ha otorgado contratos millonarios”.

Osman Flores es relacionada también con la ex alcaldesa de Xalapa y titular de Fundación Colosio Veracruz, Elizabeth Morales García.

En este escenario, el PAN resaltó que desde ese instituto político se ha señalado "una y otra vez, la corrupción existente en el sexenio del priista Javier Duarte. Ahora, conforme salen a la luz pública el alcance de sus trapacerías, es necesario que las investigaciones no sólo se dirijan a los funcionarios, sino también a todas aquellas empresas y prestadores de servicios que participaron en el desfalco”.