Si no intervienen todas las instancias involucradas, de plantearse una nueva reforma a la Ley del IPE se correría el riesgo de que termine como la que implementó el ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, misma que no resolvió el problema de fondo y tuvo que ser modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así lo afirmó la presidenta de la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego Ceballos.

En entrevista, subrayó que los sindicatos y organizaciones de pensionados tienen que elaborar una propuesta que solucione el déficit de 2 mil 700 millones de pesos que existe para el pago de pensiones.

De acuerdo con la legisladora de MORENA, es probable que esto conlleve una reforma a la ley o la creación de un nuevo marco legal, pues no es posible que el gobierno del Estado siga subsidiando al IPE como ha venido ocurriendo debido a que las cuotas e ingresos del instituto no alcanzan para cubrir con los pagos al sector.

“Es un tema complejo que tiene que discutirse y esperamos que también la Secretaría de Finanzas pueda plantear algo más real; el presupuesto de Egresos se aprobó con 750 millones de pesos de asignación al IPE, que es lo que les vienen dando desde hace algunos años.

“Sin embargo, de acuerdo a la Ley del IPE, la Secretaría de Finanzas puede hacer las adecuaciones necesarias para garantizar el pago, aunque eso implica un desembolso importante de recursos con los que no cuenta el Estado”, señaló Griego Ceballos.

Reconoció que se trata de un tema complicado, de ahí que convocaron a los grupos sindicales con representación, así como a las organizaciones de pensionados para abordar el problema a fondo en el Palacio Legislativo.

Agregó que una reforma a la Ley 287 incluye varios puntos, como modificar el tiempo de cotización y los porcentajes para los jubilados, el funcionamiento del IPE y la composición del Consejo Directivo, con el que la mayoría de los pensionados no están conformes a la fecha.

Cabe señalar que a la primera reunión de dicha comisión acudieron 12 organizaciones de pensionados, así como académicos de distintas instituciones.