La segunda alerta de violencia de género por agravio comparado que ha emitido la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) muestra el estado de descomposición que vive Veracruz en materia de seguridad y derechos humanos, reconoció hoy el senador Héctor Yunes Landa.

Tanto el gobierno del estado como los diputados del PAN y PRD en el Congreso han excusado que se trata de un tema de interrupción temprana del embarazo, cuando ambas alertas van mucho más allá, explicó. “Somos un referente nacional en número de feminicidios, en agresiones y violencia física por condición de género, en atención médica; el entorno que viven las mujeres veracruzanas nos debe avergonzar a todos”, señaló.

Dijo que el deslinde que quiere hacer Miguel Ángel Yunes de su responsabilidad, culpando al Congreso del estado, es un acto de cinismo e hipocresía. “Los partidos que controla el Gobernador en el Congreso han comprado suficientes diputados como para hacer las reformas que sean necesarias y garantizar que en Veracruz haya un verdadero clima de respeto a los derechos humanos”, aseguró.

“El gobierno tampoco ha cumplido la parte que le toca. Ha pervertido la función del Instituto Veracruzano de las Mujeres, convirtiéndola en una agencia de colocaciones de personas sin el perfil ni la experiencia; y las instituciones de gobierno han negado el derecho a la salud y la justicia, entre muchos otros pendientes”.

Yunes Landa recordó que la primera alerta se decretó el 23 de noviembre de 2016 por violencia feminicida en 11 municipios. Ahora, la Conavim, a través de la Secretaría de Gobernación, declara esta segunda alerta por agravio comparado (AVGAC); es decir, por existir en la entidad un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de salud.

Criticó la posición de desacato adoptada por los diputados panistas en el Congreso, quienes han expresado que no harán los cambios en el Código Penal que implica esta nueva alerta de género. “Aluden a una autonomía que no han ejercido todo este tiempo; son una fracción parlamentaria al servicio del Gobernador, lo que explica su cerrazón al diálogo para encontrar una solución consensuada a este conflicto”.