Cuatro policías detenidos por el caso de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca podrían ser liberados tras la sentencia de amparo otorgada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

En el transcurso de la siguiente semana podría quedar lista la determinación del juez, quien tiene tres días desde que le sea notificado del amparo.

El abogado de las víctimas Celestino Espinoza Rivera dijo que hubo errores por parte de los funcionarios de la entonces Fiscalía General del Estado (FGE) en la detención.

El abogado señaló que desde el inicio les causó algunos problemas la manera en que hicieron las detenciones.

La Fiscalía falla, pero falla la Fiscalía que inicia, dijo. La que lo llevó fue Rosario Zamora y podría entenderse que lo hicieron tal vez de manera deliberada por intereses que existían para proteger a Seguridad Pública.

El fallo podría beneficiar, en cuanto hace a la anulación de algunas pruebas, a otros elementos, incluyendo al ex comandante Marcos Conde Hernández, quienes son defendidos por separado.

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia penal de Boca del Río ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión en contra de tres ex policías.

Al resolver el amparo de revisión 235/2017, se determinó que la detención de Luis Rey Lendeche Colorado, René Pelayo Vidal y Edgar Omar Ruiz Tecalco fue ilegal, por lo tanto lo procedente es dejarlos en libertad.

A los detenidos se les imputó el delito de desaparición forzada en flagrancia, lo cual no fue debidamente acreditado, y fue el argumento de la parte defensora para sostener que la detención fue ilegal y a raíz de la presión social que generó el caso.

El segundo punto en la sentencia es la anulación de pruebas, es decir, cada prueba debe estar revestida de legalidad, entonces si la detención es ilegal, las pruebas obtenidas durante la detención son ilegales.

La defensa de los policías alegó que la detención de los ex policías se realizó con el anterior sistema penal, por lo que ya no existe la posibilidad de que las autoridades puedan subsanar irregularidades dentro del proceso.

Tampoco se da la oportunidad de reclasificar o presentar más pruebas para que sean sancionados.

Así, la Fiscalía de Veracruz o el juez primero de distrito con sede en Cosamaloapan, ante quien se presenta el caso, podrán allegarse de más medios probatorios, pero las que resultaron nulas no pueden ser corregidas.

En este caso, las autoridades tendrían que imputarles otro delito, pero para ello, tendrían que tener pruebas fehacientes de que las personas que perdieron la vida fue por la intervención de estas personas.