La segunda declaratoria de Alerta por Violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz representa un fracaso de las autoridades para garantizar el acceso a una vida libre de violencia y el respeto a los derechos de las mujeres, indicó Alejandra Jiménez Ramírez, integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos.

"En Veracruz las mujeres están en desventaja, es lo que representa esta segunda declaratoria".

Refirió que dicha declaratoria de Alerta, la segunda para el estado de Veracruz por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), se da luego de un proceso de seis meses en el que el Gobierno del Estado no implementó las medidas que había sugerido el grupo de trabajo, específicamente en el tema de la reforma a artículos de la Ley Penal.

"Lo que nosotros vemos es que esta segunda declaratoria no es un logro, ya que lo está señalando el decreto es que ha habido un fracaso por parte de las instituciones de gobierno y de las políticas públicas, al no haber atendido ni con la alerta -primera-esta situación de no respeto a los derechos de las mujeres".

Y es que en noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación emitió una primera Alerta por Violencia contra las Mujeres, esto para once municipios veracruzanos. Pero de ello nunca hizo referencia el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares ni los Legisladores locales, por lo que la exigencia de los defensores de los derechos humanos y de las mujeres, es que haya pronunciamientos y, sobre todo, acciones concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en el estado.

No obstante, este 13 de diciembre fue emitida la segunda Alerta por Violencia contra las mujeres, en materia de agravio comparado, lo cual tiene que ver con los derechos y salud sexual y reproductiva de las mujeres, refirió Alejandra Jiménez.

Los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres que habitan el estado de Veracruz, están en desventaja en comparación con la Ciudad de México.

Ahora, ahondó, tras la emisión de esta segunda alerta, se deben reformar los artículos del Código Penal y se deben, entre otros aspectos, modificar las causales de interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas, contemplando la causal de salud.

"No es una despenalización del aborto, sino que se amplía el plazo para la interrupción legal del embarazo en condiciones de no criminalización, y en condiciones en que las mujeres puedan ejercer esta posibilidad con garantías a su derecho a la salud y sin correr riesgos para su vida o ser criminalizadas", acentuó la integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos.

A la par del tema de la salud, lamentó, el tema de la violencia en materia de feminicidios no ha sido atendido, ya que continúan los crímenes contra mujeres.