Ante la omisión del fiscal general, Jorge Winckler Ortiz y del Poder Judicial de la Federación a cargo de Edel Álvarez Peña para proceder en contra de ex funcionarios de la pasada administración, se recurrirá a jueces federales.

Así lo advirtió el abogado de la empresa GB PLUS INTERMERCADO, Juan José Llanes Gil del Ángel, quien recordó que la Fiscalía y el Poder Judicial no han procedido en contra de los exfuncionarios estatales Fernando Benítez, Adolfo Mota, Edgar Spinoso, Antonio Gómez Pelegrín, Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez y Rosendo Pelayo.

El abogado recordó que recientemente una juez desestimó ejercer acción penal contra Benítez Obeso y que la Fiscalía General ni siquiera ha investigado al resto de los exfuncionarios que denunciaron por el supuesto desvío de unos 60 millones de pesos en el que participaron.

De acuerdo con el abogado el dinero fue retenido por dichos exfuncionarios del gobierno estatal anterior mediante descuentos de nómina a empleados de distintas dependencias quienes habían accedido a créditos con GB PLUS INTERMECADO.

El dinero descontado a la nómina debía emplearse para el pago de los préstamos, no obstante el gobierno nunca cumplió con las transferencias, afectando a cinco mil 500 burócratas que a la fecha están en buró de crédito.

“Pero si tienen la idea errónea de que ya la libraron están en un error por un detalle, tenemos perfectamente claro que ni la Fiscalía o el Poder Judicial van a tocarlos con el pétalo de una rosa.

“Pero vamos a ver qué opina un juez federal, que no se le olvide a Benítez Obeso y a quienes el gobernador proporcionó impunidad que los actos a nivel local los puede revisar el Poder Judicial de la Federación, vamos a ver qué opinan”, planteó Llanes Gil del Ángel.

Subrayó que la inacción de la Fiscalía y las resoluciones de los jueces locales se tendrán que revisar a través del juicio de amparo, lo que en su opinión permitirá comprobar que se están violentando los derechos fundamentales de quienes denuncian.

“No puede ser que en Veracruz denuncies a alguien que es aliado o sirviente del gobernador y no pase nada. Por lo menos que se investigue, ya que ese privilegio no se lo dan a todos los ciudadanos y se los dan solamente a algunos.

“Estamos en término, los amparos los presentaremos dentro de los plazos legales, estas son peleas a 12 rounds”, dijo el abogado.

Finalmente recordó que también existen denuncias contra la actual administración, encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares, por implementar el mismo esquema por un monto de 50 millones de pesos.