La empresa GB Plus SA de CV Sofom Enr informó que 3 mil 550 trabajadores de la Secretaria de Educación de Veracruz y la Secretaría de Salud del Estado cayeron en el buró de crédito por un adeudo de 127 millones de pesos que causó el Gobierno del Estado.

El representante de la empresa, Carlos Emilio Gidi, detalló que las autoridades estatales descontaron a los trabajadores cantidades que estaban destinadas a cubrir los créditos que contrataron con GB Plus, pero nunca se entregó este dinero, causando que los trabajadores se convirtieran en deudores morosos a pesar de que realizaron sus aportaciones para cubrir sus adeudos.

Por esta misma razón, Gidi dio a conocer que se denunció al secretario general de la sección 56 del SNTE, Manuel Arellano, pues la organización sindical adeuda 105 millones de pesos, de los cuales se encuentran vencidos 21 millones.

\"Vamos a tener una postura implacable contra aquellos que tomaron dinero que no es suyo y que metieron en problemas crediticios a más de mil 500 personas\", afirmó.

Asimismo detalló que la sección 56 del SNTE debe la cantidad de 105 millones, de los cuales se encuentran vencidos 21 millones, por lo que adelantó que ya denunciaron penalmente a su secretario general Manuel Arellano y a quien resulte responsable por los delitos de fraude y abuso de confianza.

“No ha sido nunca la intención golpear a los trabajadores, sino buscar salidas para ellos. Vamos a tener una postura implacable contra aquellos que tomaron dinero que no es suyo y que metieron en problemas crediticios a más de mil 500 personas”, expuso.

Gidi exhortó a los trabajadores afectados a buscar una reunión con las autoridades de la Secretaría de Educación para verificar si el dinero que les están descontando quincenal o mensualmente para otros rubros sí esté siendo depositado a las cuentas correspondientes.

“Queremos recomendar enfáticamente a los maestros veracruzanos que verifiquen regularmente con el Oficial Mayor de la SEV, si éste está haciendo los pagos en su nombre que le corresponde y no sólo a los terceros no institucionales, como nosotros, sino a los propios terceros institucionales como el SAT, ISSSTE, IMSS, etcétera.

“No vaya a ser que además de caer injustamente en el buró de crédito, también se esté poniendo en riesgo sus pensiones”, alertó.

El empresario junto al representante del corporativo jurídico Viades, Yáñez y Asociados, Juan José Yáñez y el abogado Helios Castro Rico, detallaron que la empresa prestó sus servicios al gobierno estatal durante diez años, primero vendiendo productos de línea blanca y luego otorgando créditos financieros, sin embargo, reiteraron que pese a que Sefiplan descontaba directamente vía nómina a los trabajadores para a su vez entregarlo a la empresa, dejó de hacerlo de manera arbitraria.

Finalmente, los afectados resaltaron que ante la omisión del gobierno estatal y las autoridades correspondientes optaron por iniciar acciones legales y hacer de conocimiento público la situación.

“Lamentamos que seamos tan pocos los ciudadanos, independientemente de cuál sea nuestra actividad que estamos dispuestos a demandarle lo suficiente en lo público, lo judicial y lo político a un gobierno cuyos signos más esenciales son la deshonestidad y el abuso”, concluyeron.