jueves, 28 de marzo del 2024
 
Coatzacoalcos - Minatitlán - Sur
Exigen justicia por explosión en Clorados III
El académico e investigador de la Universidad Veracruzana y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas Golfo), Hipólito Rodríguez, inició a través de Change.org, una petición a la presidencia de la república para exigir justicia para los afectados por la explosión en el Complejo Petroquímico Pajaritos
| 2016-05-01 |
El académico e investigador de la Universidad Veracruzana y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas Golfo), Hipólito Rodríguez, inició a través de Change.org, una petición a la presidencia de la república para exigir justicia para los afectados por la explosión en el Complejo Petroquímico Pajaritos.

La petición que debe ser respaldada por al menos 200 firmas, exige responsabilidad en la catástrofe del Complejo Pajaritos.


Esta es la petición que planteó el académico:

El terrible acontecimiento ocurrido el miércoles 20 de abril en el complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, pone de manifiesto, de la peor manera posible, el escaso tacto con el que el gobierno federal está llevando a cabo la Reforma Energética.

La tragedia exhibe el desatino con el que se han “desincorporado” –eufemismo para designar la privatización- elementos sustanciales para el funcionamiento y la seguridad del área de petroquímica de Petróleos Mexicanos. La explosión tuvo lugar en la planta Clorados III de Petroquímica Mexicana de Vinilo, la cual fue cedida para su operación a la empresa Mexichem, de modo que ésta se encargara, en asociación con Pemex, de la producción de PVC, materia prima utilizada para la fabricación de tuberías, tinacos y una infinidad de productos indispensables para la industria de los hidrocarburos. La necesaria utilización de estos materiales supondría cuantiosas ganancias para la empresa subsidiaria. Mexichem espera incrementar sus ingresos antes de impuestos, intereses y amortizaciones (EBITDA) a 935 millones de dólares (mdd) al cerrar 2016, una cifra superior a los 905 mdd que logró el año anterior.

Sin embargo, éstas ganancias no se han visto reflejadas en el mantenimiento del complejo, con más de 40 años de operación.

A la fecha (28 de abril), se sabe que murieron al menos 32 trabajadores de la planta, más de 100 se encuentran heridos y hay 8 desaparecidos; amén que los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán se encuentran en estado de contingencia debido a los gases de cloruro de vinilo, sustancia altamente tóxica, vertidos en la atmósfera.

Ante dichos eventos, resulta imperioso preguntarse: ¿Pudo evitarse la tragedia? ¿Quién pagará las consecuencias por las secuelas en la población y el medio ambiente? ¿Cómo lo hará? Es preciso subrayar que la explosión ha liberado al ambiente sustancias sumamente peligrosas (contaminantes orgánicos persistentes, dioxinas) y es necesario que el gobierno de Veracruz y las autoridades federales de protección civil informen con apego a la verdad el riesgo en que se encuentran las poblaciones que han estado expuestas a ellas.

En 1991 se registró una explosión en las mismas instalaciones y las autoridades no parecen haber aprendido la lección: el manejo de sustancias tóxicas pone en peligro a la sociedad local.

Los que firmamos esta carta exigimos que se lleve a cabo un peritaje minucioso, por instancias independientes, que permita conocer las causas de la explosión y finque responsabilidades y justas sanciones a los culpables de ésta, especialmente si éstos pertenecen a la iniciativa privada, pues resultaría inaceptable que el costo de su negligencia criminal sea asumido por el Estado y pagado con dinero del erario.

Es indispensable, además, que las personas afectadas reciban un apoyo permanente, pues el impacto del incendio implica efectos de larga duración en la salud de los habitantes del istmo veracruzano.

Por todo lo anterior, demandamos que el Estado mexicano, en cumplimiento de las normas constitucionales, proceda a:


1) Identificar a los responsables de la explosión de Clorados III; 2) Verificar, a través de las autoridades de la secretaría del trabajo, de protección civil, de medio ambiente y gobernación, las normas que fueron transgredidas y que propiciaron la explosión en el citado complejo petroquímico; 3) Reconocer los impactos por compuestos orgánicos persistentes (dioxinas, furanos, bifenilos policlorados) sobre todos los pobladores de Coatzacoalcos y la región circundante; 4) Instrumentar un proceso de descontaminación de dioxinas en el área de influencia donde se depositaron los residuos tóxicos emitidos por la explosión; 5) Comprometer al sistema de salud que debe realizar un monitoreo en toda la región afectada por el baño de dioxinas, furanos, bifenilos policlorados, para conocer las principales áreas afectadas e identificar a los grupos de población expuestos; 6) Reestructurar las condiciones hospitalarias y ampliar la contratación de especialistas en salud y en toxicología para atender gratuitamente a la población; proceder jurídicamente para que la empresa responsable asuma su obligación de indemnizar económicamente a todos los deudos de los trabajadores de las compañías y de Pemex, y se comprometa a reparar el daño moral y patrimonial que sufrieron en el percance.

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