El procedimiento es simple: al arranque del sexenio se selecciona a promotores del voto del PRI, se les pide su firma sin decirles para qué la quieren y éstas se usan para crear nuevas empresas. A estas compañías se les asigna un domicilio fiscal falso, que ninguna autoridad revisa.

De acuerdo a lo publicado por Animal Político, una vez creadas, las empresas se registran como proveedoras del gobierno, capaces de vender desde pañales hasta cemento. Un pequeño grupo de funcionarios, cercanos al gobernador, se asegura que se les otorguen contratos, vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas.

En estos contratos se finge la compra de productos, que debían distribuirse en zonas populares, pero que nunca llegan. Después de obtener el dinero, la empresa cierra.

El gobierno de Veracruz utilizó este mismo procedimiento una y otra vez para desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013.

En esos años, funcionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz firmaron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que, en el papel, serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, niños y ancianos. Pero que no hay constancia de que fueran entregados.

Los contratos fueron firmados por un pequeño grupo de funcionarios que pertenecen al grupo político de Javier Duarte desde hace años. Son los mismos que han ocupado en este sexenio las oficialías mayores o tesorerías de las principales dependencias públicas y se han relevado unos a otros.

Estos funcionarios son los mismos que han estado presuntamente involucrados en otros casos de corrupción y hasta se han anunciado investigaciones en su contra, averiguaciones previas abiertas o denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pero nada ha pasado.

Está, por ejemplo, Edgar Spinoso, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación hasta que fue removido porque la Auditoría Superior de la Federación alertó de posibles desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los programas en Educación. Pero eso no hizo que terminara su carrera política y hoy Spinoso es diputado federal.

Otro es Vicente Benítez González, quien era el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz y quien colabora con Duarte desde que éste era diputado federal, en 2009. Benítez era Tesorero en la Secretaría de Finanzas local cuando, en enero de 2012, la Policía Federal decomisó una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de esa secretaría de Finanzas de Veracruz. Tras este hecho, Duarte anunció la renuncia de Benítez al cargo de Tesorero.

Pero Benítez sólo estuvo un año fuera del gobierno porque regresó como subsecretario de Desarrollo Social, desde donde le tocó anunciar un programa estrella del gobierno de Duarte: la fundación de tiendas comunitarias, que hoy –como reconoce la propia Sedesol local– no existen.

En marzo de 2014, Benítez llegó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz para relevar precisamente a Edgar Spinoso. Hoy es candidato a diputado local.

Un ejemplo más de los funcionarios de las dependencias que avalaron los 73 contratos: Tarek Abdalá Saad, quien fue director de Finanzas y Administración de DIF y más tarde sustituyó a Vicente Benítez como tesorero, cuando éste tuvo que salir del cargo por el escándalo de los 25 millones de pesos decomisados.

Tarek Abdalá es hoy diputado federal por Cosamaloapan y la PGR tiene abiertas tres averiguaciones previas vinculadas en su contra por el presunto desvío de más de casi dos mil millones de pesos durante su gestión como tesorero de Veracruz en 2012 y 2013.

La investigación de Animal Político, cabe subrayar, sólo se centra en 73 contratos por poco más de 645 millones de pesos que asignaron estas cuatro dependencias en 2012 y 2013. Una mínima parte de los contratos que cada año firman estas dependencias.

De estos 73 contratos analizados, 16 fueron por adjudicación directa –sin concurso– y otros 57 se otorgaron vía licitaciones cerradas, en las que los propios funcionarios siempre invitaron a las mismas 21 compañías, 19 de las cuales fueron creadas en el sexenio de Javier Duarte y su historial comercial es nulo más allá de obtener estos contratos.

Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal y constitucional, revisó los documentos de esta investigación –que incluyen contratos, actas constitutivas y respuestas de transparencia de las dependencias– y consideró que en la entrega de estos contratos “hay señales claras de irregularidades fuertes, que pueden calificarse incluso de delictivas por parte de los funcionarios del estado de Veracruz que están involucrados en (la entrega de) licitaciones directas o restringidas”.

Animal Político buscó desde la semana pasada la versión del Gobierno de Veracruz y de las dependencias estatales involucradas en la firma de estos contratos. Se les entregó la base de datos de todas estas adjudicaciones y licitaciones para su revisión. El Director de Información del gobierno del estado, Bernardo Gutierrez Parra, señaló que debido al periodo de veda electoral estaban impedidos para dar un posicionamiento público.

También se pidió la postura de los funcionarios que participaron en la entrega de estos contratos y que ahora son diputados federales por el PRI. La respuesta que entregó la Coordinación de Comunicación Social de la bancada de ese partido fue que los legisladores se encontraban participando en las campañas electorales de Veracruz y que no estaban disponibles para dar su posicionamiento.

GOBIERNO DE VERACRUZ RESPONDE


El gobierno de Veracruz respondió al reportaje de Animal Político en el que se señala irregularidades en la entrega de 73 contratos a 21 empresas.

En una carta Alberto Silva Ramos, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del estado, señala que todas las empresas señaladas en el reportaje con las que trabaja el Gobierno de Veracrtuz estaban debidamente registradas y las licitaciones se realizaron conforme a la ley.

Añade que las empresas estaban registradas en un padrón de proveedores y contratistas, y que deben cumplir con requisitos como acta constitutiva, alta ante la Secretaría de Hacienda, comprobante de domicilio de la empresa y estados financieros auditados, entre otros.

El gobierno de Veracruz señala que los contratos fueron licitados conforme a la Ley de Adquisiciones, que las empresas siguen activas y que en el momento de su contratación contaban con la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

En cuanto a los bienes y productos que se compraron a estas empresas, el gobierno señala que éstas cumplieron con las metas de los contratos y que cuenta con fotografías que demuestran que los bienes y productos contratados fueron aplicados.

Ha trascendido en medios oficiales que mañana estará Tomás Ruiz representando al Gobierno de Veracruz en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, donde tambien estara el director de la pagina web Animal Político donde se espera un encontronazo ante las serias acusaciones que hace el medio.


Con información de Animal Político
Leer texto y documentación completa en:
http://www.animalpolitico.com/2016/05/desaparece-el-gobierno-de-veracruz-645-millones-de-pesos-entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/
http://www.animalpolitico.com/2016/05/el-gobierno-de-veracruz-responde-a-investigacion-de-animal-politico-sobre-empresas-fantasma/