2014-12-20 | 09:36:14

Comentaremos hoy un problema que frecuentemente desfonda las, de por sí, precarias finanzas de los ayuntamientos. En cada nueva administración municipal, ingresa a trabajar mucha gente para ocupar los cargos de confianza dejados por quienes llegaron con la administración anterior y ya van de salida. Esta costumbre del sistema burocrático mexicano la conocen prácticamente todos los empleados de nuevo ingreso. Es más, todos la aceptan cuando entran a laborar. La entrada de unos y la salida de otros se debe a que no hay presupuesto suficiente para pagar los sueldos del personal nuevo y del que llegó con la administra
ción anterior. Si dicha regla no se aplicara, simplemente se iría la totalidad del presupuesto en pagar la nómina y no habría dinero para dar los servicios municipales básicos. Esta vieja costumbre no afecta a los trabajadores sindicalizados, porque ellos tienen plaza y éstas salvo excepciones rarísimas son casi casi de por vida. Esto no es malo cuando los trabajadores son eficientes responsables y buenos. Es malo cuando algunos, sabiendo que es muy difícil removerlos, abusan y se la pasan flojeando, cobrando un sueldo que no desquitan. Lamentablemente la regla no escrita de que deben dejar el cargo quienes llegaron con la administración saliente, tiene una
falla de origen, porque quienes entran a trabajar por un trienio o un cuatrienio, lo hacen frecuentemente a la palabra. No siempre hay un contrato por escrito que estipule que laborarán únicamente por el período que dure la administración municipal, por lo que la Ley lo considera un contrato por tiempo indefinido. Así al concluir la administración, la mayoría de los trabajadores se retiran sin problema alguno, porque sabían que el cargo era temporal y seguramente encontrarán un empleo mejor remunerado en otra parte. Pero quienes se acostumbraron a ganar mucho y trabajar poco, se olvidan pronto del compromiso adquirido cuando entraron y terminan por de
mandar al Ayuntamiento por despido injustificado. Los juicios laborales mal atendidos por los departamentos jurídicos municipales, casi siempre se pierden. A los salarios caídos que demandan los trabajadores les agregan prestaciones reales o inventadas, gastos del juicio y los honorarios del abogado. En ocasiones las cifras llegan a representar millones de pesos por trabajador y hasta la mitad de todo el impuesto predial que recauda un municipio, lo cual es absurdo, porque debemos pagarle con recursos provenientes de nuestros impuestos a quienes pretenden cobrar un sueldo por un tiempo que no trabajaron. Esto es un abuso que debe
frenarse, obligando a los ayuntamientos a celebrar contratos por escrito con los trabajadores, por un período que nunca debe ser mayor al que dure la administración municipal, porque finalmente los gastos derivados de esas demandas laborales acabamos pagándolos nosotros los ciudadanos. Algo habrá que hacer para acabar con esta práctica nociva que merma los recursos municipales. Aquí hay una tarea pendiente para la Legislatura del Estado que deberá establecer la obligatoriedad a los ayuntamientos de no contratar personal nuevo por un período mayor al que dure una administración. ¿No les parece? Hasta el próximo sábado.