Fue devuelto a comisiones luego una hora de discusión un dictamen que pretendía que el Poder Judicial de Veracruz contará con una nueva Sala Anticorrupción adscrita al Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial del estado que juzgue temas de corrupción, con la cual se nombrarán tres nuevos magistrados inamovibles por 10 años ni por el presidente del Poder Judicial.

La razón por la que se devolvió fue que no se circuló con 48 horas de anticipación una modificación al artículo 36 que pretendía volver intocables a estos tres nuevos magistrados que propondrá el ejecutivo Javier Duarte, una vez se haya aprobado la reforma, y ante el señalamiento que hizo la diputada Ana Cristina Ledezma del Grupo Legislativo del PAN.

Ya que los diputados no habían notado que en la Gaceta Oficial no se había colocado la modificación. Ni un escándalo que hubo ni el hecho de que el diputado Ciro Porras en un principio pretendía no enseñar el único documento original, lograron que la diputada Ana Ledezma desistiera de pedir que le mostrara el personal de Servicios Legislativos el documento original.

DUARTE PRETENDE QUE SEAN INAMOVIBLES POR 10 AÑOS

El dictamen planteaba que estos nuevos tres magistrados no los podrá remover ni el presidente del Tribunal Superior de Justicia en 10 años. Amén que ese Poder Judicial autónomo y sus magistrados de acuerdo a la nueva reforma anticorrupción, son de los pocos que conservan el fuero constitucional.

Este jueves en sesión ordinaria del Congreso local, el aun gobernador constitucional de Veracruz, Javier Duarte pretendía que a una semana de haber presentado la iniciativa, recibiera voto a favor de su proyecto de decreto, que desató polémica entre diputados de oposición, con la cual plantea reformas a los artículos 34, 35, 36, 37 y 38; se adiciona un artículo 38 bis y se deroga el inciso e) de la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

UN ATROPELLO SEÑALA JULEN

El diputado Julen Rementería del Grupo Legislativo del PAN, opinó que “es un atropello grande, que en nuestro congreso se haya llevado a cabo, en esta sala especializada se tocarán los temas anticorrupción, entró apenas hace 8 días, lleva un mecanismo para nombrar a tres magistrados y conformarán con junto lo que ya se tiene, la Fiscalía Anticorrupción, tendrán presupuesto, lo que está sucediendo con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información”.
Hizo un llamado Julen Rementería al Presidente del Tribunal Judicial, Alberto Sosa, para que se oponga a este nombramiento.


TODOS LOS CARGOS PARA DETECTAR O FISCALIZAR CORRUPCION LOS NOMBRA EL EJECUTIVO SE MOFA AHUED

Ricardo Ahued Bardauil expuso que aqui en Veracruz se propone al Fiscal General, al titular del Orfis, al Contralor General, todos, nombrados por el Ejecutivo del Estado. \"Aquí esto está canijo, porque se va a votar como parte de la ley anticorrupción que yo voté a favor, si nos pusiéramos a ver a la ciudadanía, a nombrar a quien lo audite, imagínense que los comerciantes nombrara al que lo va a auditar en su negocio, y que también nombrara a quien lo va a ejecutar, sería maravilloso\", dijo con sarcasmo.

Expuso que su voto en abstención lo justifica porque se siguen creando figuras anticorrupción, pero o se exige que las que ya están hagan su función correctamente, \"entonces para qué sirve el Orfis, los contralores de los estados, porque solo seguimos creciendo en gasto, estoy a favor de la ley anticorrupción, pero sí yo creo nombrar 10 años a un magistrado, me parece que hay que tener paciencia, hay 640 mil ciudadanos que firmaron la ley 3 de 3, y esa ley contraviene esta reforma\".

El legislador Julen Rementería señaló que esta sala anticorrupción es también “a modo”, con miras que un Fiscal Anticorrupción mande documentación a una Sala Anticorrupción. “Es un atraco a Veracruz, es algo que no tenía precedentes, habla de un estado en descomposición, es la intención de que con estos aparatos jurídicos, poder proteger a quienes hoy van a dejar el estado, para que no les alcance la justicia de los veracruzanos”, se quejó, acompañado de su grupo parlamentario del PAN y de diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y Ángel López Zumaya del PT.

Esperaba que votaran en contra los diputados, en especial legisladores del PRI, como Marco del Ángel, o Ricardo Ahued quienes siempre votan en contra cuando sienten que algo es irregular.

El diputado del PRD, Jesús Velásquez lamentó además que la adecuación de leyes para nombrar una Fiscalía dentro de la Fiscalía General, se obliga a que el Fiscal emita un decreto, no hay nada aprobado, pero la convocatoria para el Fiscal anticorrupción ya se cerró el miércoles a las 6 de la tarde. Quienes aspiran ni siquiera saben cuáles serán sus funciones.

PIDE RETIRAR EL DICTAMEN Y AL FINAL SE DEVOLVIO A COMISIONES

La diputada Ana Ledezma del PAN, pidió que se retirara el dictamen porque ni se circuló con las 48 horas de anticipación. Pidió explicación porqué en el documento que de por sí les rolaron tarde el dictamen, no venía la modificación al artículo 36 de este dictamen presentado por el Ejecutivo hace apenas una semana.

Ciro Porras del PRI y presidente de la comisión de Justicia le contestó que sí se circuló con tiempo el dictamen. Ana Ledezma exigió que el secretario de servicios legislativos le entregara el documento original en tribuna.

Porque en la Gaceta Oficial no venía la modificación al artículo 36.
Julen Rementería dijo que ese articulado es el que habla de la adscripción de los magistrados a la sala anticorrupción. \"En otras palabras no se faculta en el cuerpo del dictamen, que otro poder, diga que no pueden ser movidos de su adscripción, hay que reconocer que el dictamen no se tiene\".

Molesto le exigía al diputado Ciro Porras que lo mostrara en tribuna. La presidenta Octavia Ortega llamó al orden. Porque no se permite el diálogo entre diputados en tribunas. Casi sonaba a regaño cuando le exigía a Ciro Porras que le mostrara el dictamen.

Incluso le dijo: Los voy a mandar al psicólogo, después que vayan a los jueces por todo el daño que han hecho a Veracruz.

En el público se escuchaban gritos de una persona que intentaba romper la sesión, se enardeció con el discurso de los legisladores en tribuna.
La diputada Octavia Ortega llamaba al orden, la señora no paraba de gritar.
\"Respeto, y orden, respeto y orden al público presente\", exigía y repetía la presidenta Octavia Ortega.

La sesión prosiguió, a la tribuna subió el diputado Cuauhtémoc Pola de Movimiento Ciudadano quien inició su discurso aludiendo al principio de división de poderes. \"Yo le pregunto al diputado Ciro Porras, cuál es la razón, para que ese dictamen invada la esfera de poderes en este estado, le pregunto a la comisión, si existen algún documento, en el cual esté vertida la opinión, del presidente del tribunal superior de Justicia\".

El diputado Cuauhtémoc Pola le hizo una pregunta a la presidenta de la mesa directiva, que ella no pudo contestar y el legislador solo replicó entrre risas: Aquí nadie me hace caso. Y también hizo referencia al diputado Ciro Porras: Veo que el diputado está más entretenido en otras cosas en lugar de poner atención a lo que aquí se está diciendo.

Al final pretendían levantar la votación aprovechando el escándalo de la señora, pero la diputada Ana Ledezma les recordó que no le habían entregado el dictamen original, al final se le entregó y lo leyó completo durante 25 minutos, al final el diputado Ciro Porras reconoció que no venía la modificación al artículo 36 y que era necesario ser devuelto a comisiones.

EL DECRETO QUE CREA LA SALA ANTICORRUPCIÓN
El Proyecto de Decreto que pretendìa ser aprobado planteaba la reforma a los artículos 34, 35, 36, 37 y 38; se adiciona un artículo 38 bis y se deroga el inciso e) de la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de crear la Sala Anticorrupción del Tribunal Contencioso Administrativo del estado.


CONSIDERACIONES

-Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo segundo del presente dictamen, esta Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, como órgano constituido por el Pleno de esta Soberanía, que contribuye a que el Congreso cumpla sus atribuciones mediante la elaboración de dictámenes sobre los asuntos que les son turnados, resulta competente para emitir el presente proyecto de resolución.

-Que, según se advierte del estudio de los antecedentes de la iniciativa, la propuesta hecha es para adecuar la normatividad local a la constitución federal otorgando facultades al Tribunal Contencioso administrativo para conocer de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Contraloría General del Estado.

El texto del Artículo 35 a la letra dice: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo funcionará en Pleno y en salas; se compondrá por diez magistrados, uno de los cuales formará parte del Consejo de la Judicatura y no integrará sala. Se adiciona el siguiente párrafo: “Habrá una Sala Superior, una sala especializada en materia anticorrupción y tres salas regionales. El Pleno se integrará por todos los magistrados adscritos a salas: la Sala Superior por tres magistrados, la sala especializada, en materia anticorrupción por tres magistrados, y las salas regionales en forma unitaria.

El Pleno, la Sala Superior, la sala especializada en materia anticorrupción, y las salas regionales, contarán con un secretario de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, actuarios y el personal administrativo que requieran para su buen funcionamiento, nombrados conforme a lo señalado por esta Ley. El secretario de acuerdos de la Sala Superior fungirá como tal en el Pleno del Tribunal.

Las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Contraloría General del Estado y los Órganos Internos de Control de los entes públicos estatales o municipales, o por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para la imposición de las sanciones que correspondan, en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente para el Estado. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

SOLO PARA SANCIONAR A SERVIDORES PÚBLICOS NO A PARTICULARES

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución de la sala especializada en materia anticorrupción, será para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves, se contrapongan o menoscaben la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable.

b) Los procedimientos, resoluciones definitivas, recursos o actos administrativos, dictados por la autoridad estatal o municipal, que impongan sanciones a los servidores públicos y a los particulares, cuando estos últimos ejerzan recursos económicos procedentes de la Hacienda Pública estatal o municipal;

c) Los asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades administrativas que la ley determine como graves en casos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos actos;
d) El recurso por medio del cual se califica como grave la falta administrativa que se investiga contra un servidor público;

e) Los juicios interpuestos contra servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley respectiva determine como graves;

f) Los juicios contra particulares donde se les impute responsabilidad administrativa por actos vinculados con otros servidores públicos derivados de los juicios a que hace referencia el inciso anterior; y

g) Los demás casos que establezcan las leyes generales respecto a los tribunales administrativos en materia anticorrupción.